En Edomex, el ensayo Peña-televisoras

JENARO VILLAMIL 10 DE JULIO DE 2012

Desde 2005, cuando Enrique Peña Nieto llegó al gobierno del Estado de México, él y su partido, el PRI, no han dejado de invertir en los comicios locales y federales para posicionar a sus correligionarios. Y aun cuando en cada proceso electoral sus contrincantes los han denunciado por sus millonarios dispendios y su alianza con los poderes fácticos –entre ellos el duopolio televisivo–, hoy ese partido domina la mayoría de los ayuntamientos del Estado de México, el Congreso estatal y la propia gubernatura.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El 30 de agosto de 2005, un mes después de las elecciones para gobernador, los consejeros del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) determinaron que el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, no había rebasado el tope de gastos de campaña –216 millones de pesos–, a pesar de dos recursos interpuestos por el PAN y por la coalición del PRD-PT ante los tribunales local y federal.

La coalición del PRD-PT, que postuló a Yeidckol Polevnsky, documentó que los gastos de Peña Nieto en medios de comunicación, los spots en Televisa y TV Azteca en particular, ascendieron a 116 millones 804 mil pesos, mientras que en los “anuncios especiales” en las vallas de los estadios, durante los partidos de futbol transmitidos en ambas televisoras, el candidato de la coalición Alianza por México (PRI-PVEM) invirtió 75 millones 585 mil pesos. Esos gastos no incluían la inversión en prensa, internet, radio y espectaculares, que inundaron la entidad con la imagen del “guapo” candidato.

Las pautas publicitarias originales, elaboradas por el Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), dan algunos ejemplos del dispendio de aquella campaña de Peña Nieto en 2005:

El PRI mexiquense pagó 484 mil 650 pesos por cada uno de los 10 spots transmitidos durante la emisión de la telenovela La madrastra; por aparecer 30 segundos en varios segmentos comerciales del programa de Televisa El privilegio de mandar, pagó 447 mil 300 pesos; y por 30 segundos en la gran final del futbol de Canal 2, el partido invirtió 600 mil pesos.

Otro ejemplo: Peña Nieto apareció en un infomercial de un minuto en El Noticiero de Canal 2, conducido por Joaquín López Dóriga, el 27 de junio de 2005. En su pauta, el IBOPE expone: “PRI-PVEM 25 junio comenzó cierre Toluca”. El costo: 796 mil pesos. Cuatro días después, el día 29 apareció otro infomercial en el mismo espacio noticioso por la misma cantidad. El concepto: “PRI-PVEM cierre en Ecatepec”.

Ninguno de los infomerciales fue incluido en el monitoreo de gastos del IEEM. El organismo estatal electoral contrató a la empresa Parámetro Consultores, que dictaminó un gasto en medios mucho menor al acreditado en las pautas del IBOPE: Peña Nieto destinó 66 millones 323 mil pesos en 4 mil 741 anuncios en medios impresos y electrónicos, mientras el panista Rubén Mendoza Ayala destinó 32 millones 865 mil pesos y Polevnsky apenas 8 millones 292 mil pesos.

La coalición PAN-Convergencia, que postuló a Mendoza Ayala, también interpuso un Juicio de Revisión Constitucional (JRC) ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El magistrado José de Jesús Orozco Henríquez determinó el 24 de agosto de 2005 que la queja estaba “parcialmente fundada”, sobre todo por “el supuesto rebase de tope de gastos de campaña”.

La Sala Superior del TEPJF resolvió modificar la resolución de su homólogo mexiquense y ordenó a la comisión de fiscalización del IEEM que en un plazo de cinco días emitiera un dictamen “sobre el posible rebase del tope de gastos de campaña” de Peña Nieto, así como informar a la máxima instancia de calificación electoral en un plazo no mayor de cinco días.

El IEEM, dominado por consejeros de filiación priista, avaló la determinación del presidente del comité de fiscalización, encabezada por Jorge Muciño Escalona, quien dictaminó que Peña Nieto no había rebasado el tope de gastos de campaña. La sesión duró 13 horas. Los representantes de la oposición insistieron que la elección debía anularse.

Ninguna de las dos coaliciones opositoras logró frenar el triunfo de Peña Nieto, quien, según las cifras oficiales, ganó con más de 20 puntos de ventaja: 1 millón 801 mil votos (47%) para Peña Nieto; 24.74% para Mendoza Ayala, y 24.26% para Polevnsky. “La disputa fue por el segundo lugar”, editorializaron los comentaristas locales.

El resultado electoral de ese año coincidió plenamente con las encuestas promovidas por Consulta Mitofsky, de Televisa, que le dio a Peña Nieto 48% de las preferencias; con la de Mendoza Blanco, de TV Azteca, 50%, y con la del Grupo DGC, de Ulises Beltrán –el encuestólogo de Carlos Salinas de Gortari–, quien le otorgó 48%.

Tenue frontera

“La operación de 2005 se repitió en las elecciones federales de 2009, cuando el PRI recuperó la mayoría de municipios y diputaciones federales en el Estado de México, y en 2011, durante los comicios que llevaron a Eruviel Ávila a la gubernatura, considerados el antecedente más importante de la elección de 2012”, sostiene Bernardo Barranco, el exconsejero del IEEM que encabezó la observación ciudadana en el proceso estatal del año pasado.

“Las elecciones de Peña Nieto siempre han estado en la frontera entre lo legal y lo ilegal por el rebase de topes en sus gastos de campaña. Es una estrategia probada ya por el PRI mexiquense. Eruviel rebasó ampliamente los 236 millones de pesos de tope de gastos”, dice Barranco.

La diferencia de los procesos anteriores con la elección del domingo 1 es que ahora la ventaja de Peña Nieto sobre el segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador, es poco menos de siete puntos. En 2005, 2009 y 2011, el PRI aventajó por más de dos dígitos. Esta vez, el escenario promovido por las encuestas levantadas durante los 90 días de campaña no se cumplió.

En las elecciones federales de 2009, en el punto más alto de la promoción de Peña Nieto por parte de Televisa, el PRI arrasó en el Estado de México y Peña Nieto se adjudicó varios triunfos en los comicios estatales de la jornada del 5 de julio de ese año. El tripartidismo prácticamente se borró en la entidad.

Bernardo Barranco entrega informe de observación electoral a la legislatura mexiquense en agosto de 2010

El PRI recuperó los municipios del “corredor azul” que gobernaba el PAN (Naucalpan y Tlalnepantla) y los del oriente, en poder del PRD. En 2009, las izquierdas perdieron 32 ayuntamientos, incluyendo Ecatepec, Chalco, Ixtapaluca, Metepec, Netzahualcóyotl, Los Reyes La Paz y Valle de Chalco, los más poblados. Fue “carro completo”, como en los viejos tiempos del partido.

En el Congreso local, el partido de Peña Nieto recuperó el control político, al pasar de 19 a 39 diputados. A nivel federal, el PRI mexiquense conformó la bancada estatal más grande: 40 legisladores; en el ámbito municipal aumentó de 72 a 97 de los 125 municipios con respecto a 2006.

En esos comicios, sólo 51.20% de los ciudadanos mexiquenses empadronados emitieron su voto. De ese universo el PRI se quedó con 39% de los sufragios, superado sólo por Veracruz, donde el entonces gobernador priista Fidel Herrera operó para que el PRI obtuviera 45.2% de los votos en esa entidad.

Peña Nieto se convirtió en el “gran padrino” de varios triunfos estatales de 2009. En Nuevo León, impulsó a su correligionario Rodrigo Medina, quien gracias a ello y al apoyo de las repetidoras estatales de Televisa y TV Azteca llegó a la gubernatura.

El apoyo financiero del Estado de México llegó a la entidad norteña a través de un compadre de Peña Nieto llamado Felipe Enríquez; el mismo que operó ese mismo año en Quintana Roo y en Yucatán a favor de dos aliados peninsulares del peñismo: Félix González Canto e Ivonne Ortega.

El mandatario mexiquense también apoyó a Aristóteles Sandoval, el candidato priista que recuperó en 2009 la capital de Jalisco para el tricolor y recién el domingo 1 ganó al PAN el gobierno después de 18 años.

La elección más cara

En 2011, con Eruviel Ávila como candidato del PRI a la gubernatura mexiquense, el dispendio fue escandaloso.

El tope de gastos fue de 204 millones de pesos por aspirante, a pesar de que estaba prohibida la compra de spots en medios electrónicos. Y aun cuando el proceso fue de sólo 45 días, no adoptó el modelo de la reforma electoral federal de 2007, que recortó los gastos de las campañas locales.

“Si en el Estado de México se hubiese adoptado el modelo de la reforma federal de 2007, el tope de gastos de campaña para el gobernador hubiera sido de 41 millones de pesos, no de 204 millones”, sostiene Bernardo Barranco, autor del Dictamen ciudadano de vigilancia electoral.

La campaña de Eruviel Ávila se considera una de las más caras en América Latina. El costo por voto se calcula en 598 pesos (50 dólares), a causa del elevado abstencionismo y el dispendio de los partidos, de acuerdo con un estudio de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés).

La cifra fue muy similar al cálculo hecho por el presidente de la Coparmex metropolitana, Marco Antonio Gutiérrez. El 26 de mayo de 2011 el empresario advirtió que el voto en el Estado de México sería de 60 dólares. Es “una grosería, un insulto para el pueblo”, dijo Gutiérrez.

Las cifras contrastaron con las de los comicios federales de 2009. Ese año Peña Nieto recuperó el control político del Estado de México al ganar la mayoría de los ayuntamientos y de las diputaciones federales y locales. El costo por voto fue de 17 dólares.

El rebase de tope de gastos de campaña tampoco contó en el litigio poselectoral. El dispendio de Eruviel Ávila, candidato del PRI-PVEM-Panal, se reflejó en espectaculares, bardas, estaciones del metro, autobuses, paraderos, taxis y metrobuses.

Ávila prometió que recompensaría con autos y puestos públicos a los militantes que promovieran el voto para su partido. A su vez, los priistas repartieron la tarjeta Efectiva para coaccionar el voto a favor del exalcalde de Ecatepec.

Alejandro Encinas presenta las memorias de la elección donde sostiene el amplio rebase en los topes de campaña de la elección para gobernador

La coalición Unidos por Ti, que postuló al perredista Alejandro Encinas, presentó dos peritajes ante el IEEM para acreditar el rebase de tope de gastos. El perito Francisco Fuentes Villalón estimó en 571 millones de pesos el gasto en espacios publicitarios, en “utilitarios” (encendedores, gorras, camisas, costureros y mandiles, entre otros) y organización de mítines. El segundo peritaje, que incluyó el gasto en espectaculares, fue de mil 604 millones de pesos. Ambos fueron desechados por el IEEM.

Más abrumadora que la publicidad de Ávila fue la del gobierno del Estado de México y la de Peña Nieto:

“La publicidad del gobierno del Estado se mantuvo durante casi todo el proceso electoral, hasta que tardíamente el TEPJF ordenó el retiro de ella, a unos días de la elección. La presencia del gobernador en los medios, sobre todo electrónicos, fue omnipresente. Las prácticas que durante décadas fueron utilizadas para garantizar la permanencia del partido en el poder se mantuvieron durante la competencia electoral en el estado”, consignó el Dictamen ciudadano de vigilancia electoral.

Ávila cumplió con el “modelo ganador” ensayado por Peña Nieto. La coalición que lo postuló obtuvo 3 millones 45 mil votos (64.93%); Encinas sólo 1 millón 30 mil votos (21.98%), y el panista Luis Felipe Bravo Mena 603 mil votos (12.86%). Ese año el abstencionismo fue mayúsculo: 6 millones de ciudadanos (57%).

“El triunfo de Ávila con márgenes superiores a lo esperado tuvo diversas explicaciones. Una de ellas fue que reflejó la cantidad de recursos gastados por su partido para ganar la elección, fueran o no permitidos por la ley. De alguna manera, los resultados y los medios de que dispuso el PRI para esa elección lo hicieron ver como el ganador indiscutible. Sin embargo, la cifra más contundente de aquella elección fue la abstención, la cual reflejó el rechazo de la ciudadanía a las formas de operar de los partidos y del gobierno”, consignó Barranco en su Dictamen ciudadano.

Jenaro Villamil, Proceso, autor del artículo

Y aun cuando el PAN y la coalición PRD-PT-Convergencia impugnaron la elección, no pudieron acreditar el exceso de gastos por falta de monitoreo de medios y las revisiones precautorias de gastos de campaña. El margen de más de 40 puntos de ventaja del PRI hizo prácticamente imposible la posibilidad de anular la elección por el dispendio.

Escaso compromiso democrático; pobre calidad electoral

Escaso compromiso democrático; pobre calidad electoral

Bernardo Barranco V.

Mis hijos, que rondan los 25 años, se avergüenzan de que su padre sea consejero local del IFE. A pesar de todos los esfuerzos, el IFE no pudo sacudirse el fantasma de 2006 en este proceso electoral. Hay que reconocerlo, su imagen no salió bien librada. Flota en el ánimo ciudadano que el Consejo General pudo haber hecho mucho más. Ése es uno de los tópicos que los consejeros locales de diversos estados intercambiamos de manera informal. A pesar de que técnicamente el proceso estuvo bien coordinado, que en la operación como tal el IFE cumplió su tarea, importantes sectores de la sociedad le reprochan no haber ido más lejos en su calidad de árbitro y no sólo organizador. Desde sus facultades pudo haber ido más lejos para garantizar elecciones más equitativas y, sobre todo, frenar la compra y coacción del voto.

No basta rezar que la Fepade es la responsable de atender y sancionar los delitos electorales; de hecho su repetición suena a excusa y baños en salud, pues muchas medidas precautorias y preventivas pudieron haberse implementado. El reto del IFE era no sólo recobrar la credibilidad de la sociedad, sino su propia confianza institucional. Pero, si el mismo presidente del Consejo General, Leonardo Valdez, tuvo una de las más imprudentes y desafortunadas declaraciones al expresar días antes de la jornada electoral que las denuncias de compra y coacción de votos son folclóricas, míticas y que tendrían efectos marginales (La Jornada, 27/6/12).

La coacción del voto es un acto de imposición que se induce bajo presión hacia un partido o a la abstención que vulnera la libertad de un individuo o de una colectividad. La compra del voto es un intercambio de bienes, dineros o favores para que una persona o un grupo voten por determinada franquicia política o candidato. Alianza Cívica, reconocida red social que desde hace 18 años ha venido monitoreando los procesos electorales, dio a conocer hace tiempo las crecientes tendencias de dicha práctica funesta. Estudios en México financiados por el IFE arrojaron que, en 2003, 3 por ciento de los electores fueron tocados por la compra y coacción de voto; en 2006, 7 por ciento; en 2009 la cifra crece de manera alarmante a 27.7 por ciento. Y en la última encuesta de 2012, 28 por ciento de los votantes de diferente manera fueron tocados por el regreso electoral a las más viejas y pervertidas prácticas electorales ejercidas por todos los partidos, con el  PRI, de lejos, a la cabeza y, por supuesto, el estado de México como campeón del lastre. Estamos ante una sociedad, principalmente sus cúpulas, cerradas y carentes de ética pública.

Resulta desproporcionado el cinismo de algunos analistas que quieran justificar la compra del voto como un acto finalmente libre y opcional de aquella persona que acepta el intercambio. Como si la pobreza, la miseria y la marginación fueran opcionales. Si bien la Constitución y el Cofipe establecen que el voto es libre y secreto y están prohibidas estas formas de presión y coerción, en la elección de 2012 asistimos a un proceso regresivo y a la reutilización de prácticas que creíamos superadas y que sin duda pueden modificar la equidad y el sano desarrollo de la competencia partidista. En un proceso electoral es tan importante ganar como el cómo ganar una contienda. En el cómo estriba la legitimidad del cargo. Por ello, una futura reforma electoral debería penalizar de manera severa la compra y coacción del voto a fin de evitar el aprovechamiento político, agandalle pues, de la miseria y desamparo de millones de mexicanos.

Me preocupa la falta de lealtad política de los partidos porque sistemáticamente ponen candados electorales mediante reformas y sistemáticamente buscan  la manera de violarlos. Me preocupa que Enrique Peña Nieto mienta al negar enfáticamente que su partido recurriera a la compra y coacción del voto, porque él será el próximo presidente de la República, donde será un factor central en la conducción del país. El seudodiscurso de la legalidad y apego a derecho de los partidos es un desgastado recurso y un insulto a la sociedad cuando ellos son los primeros en violentar.

Nuestro país arrastra en toda su historia la incredulidad por los resultados electorales y en la actualidad confía poco en todas sus instituciones. Buendía y Laredo apreciaron que 43 por ciento de los ciudadanos afirman que las elecciones son poco o nada limpias; la encuesta del diario Reforma arrojó que entre 38 y 40 por ciento tienen poca o nada de confianza en el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La duda está plenamente justificada; ya se habla de nuevas reformas electorales cuando en realidad se requiere una gran reforma de Estado y no sólo saturar con nuevos candados y más atribuciones al IFE. En ese sentido, coincido con José Antonio Crespo cuando dice: “Se habla, pues, de la mala calidad e inmoralidad de la elección, pero en este proceso se ha revelado más bien la bajísima calidad de nuestra democracia en general, fiel reflejo de nuestros partidos, quienes presentan un escasísimo –si acaso alguno– compromiso con la democracia”. Los jóvenes que irrumpieron en la escena política e impusieron temas en la agenda electoral sufren de una grave y profunda frustración que requiere ser acompañada de una especie de pedagogía frente a la decepción. Las impugnaciones y recursos de anulación, dado el margen de distancia entre el primero y el segundo lugar en la elección presidencial, parecieran estar condenadas al fracaso, al no alcanzar a ser determinantes en el resultado, criterio con el que mayormente se han conducido los magistrados, relegando la causal abstracta de nulidad.

El problema de la política mexicana no es político, sino ético. Las grandes soluciones no vienen de ajustes jurídicos ni de nuevos grandes candados, sino de la lealtad de los actores políticos. El nuevo drama electoral es el reflejo fiel no sólo de la calidad de la democracia, sino de la calidad de las personas que conforman el entablado político.

La Jornada, Miércoles 18 de julio de 2012

El Estado de México, la entidad donde más compran votos: IFE

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  Bernardo Barranco Consejero Local del IFE

  • Venta y Coacción del Voto una lacra que atenta la dignidad de las personas
  • Los municipios más afectados son Chalco, Toluca y Ecatepec

Bernardo Barranco, consejero de la Junta Local, dice que la venta del voto es un acto de transacción donde los partidos se aprovechan de la miseria y necesidades de la gente pobre;  la coacción es más grave aún, porque existe un acto de autoridad que presiona a subordinados a votar por determinado candidato o partido

TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO (29/JUN/2012).- En los últimos nueve años se incrementó en México la compra y coacción del voto, al pasar de 3 por ciento en el 2003 a 27 por ciento en el 2009, aseguró Bernardo Barranco Villafán, consejero de la Junta Local del Instituto Federal Electoral (IFE) en el Estado de México.

»Creímos que eran prácticas que se habían ido perdiendo con los procesos de democratización. Y no es así, estudios que el IFE ha financiado, Alianza Cívica y una consultoría internacional, que nos muestran que en el 2003 la práctica de coacción, en 10 estados que se hizo el estudio, se detecta solo un 3 por ciento de los ciudadanos que son tocados por esta lacra, sin embargo crece en el 2006 al 7 por ciento y en el 2009 se va al 27 por ciento», agregó.

Barranco Villafán, quien se reunió en Tlalnepantla con integrantes de la Coparmex Metropolitana, afirmó ante los empresarios que la lista nominal del país es cercana a los 80 millones de electores, 35 millones de ellos jóvenes de entre 18 y 35 años de edad, de los cuales 10 millones votarán por primera vez.

Agregó que los estudios sobre compra y coacción del voto indican que el Estado de México es la entidad con mayor incidencia en ambas prácticas y los municipios más afectados son Chalco, con 56.8 por ciento; Toluca, con 42.3 por ciento, y Ecatepec, con 38 por ciento.

Mencionó que se trata de prácticas innobles, que se aprovechan de las necesidades y de la pobreza de las personas.

Explicó que la compra del voto es una transacción, pues se otorga algo a cambio de la intención del voto, mientras que la coacción es más grave, porque existe un acto de autoridad que presiona a subordinados a votar por determinado candidato o partido.

El consejero del IFE dijo que otro tema importante en el Estado de México son los brotes de violencia electoral, sobre todo por colocación de propaganda y boicoteo de mítines, lo que ha ocurrido en algunos municipios mexiquenses, como Nicolás Romero.

Barranco Villafán mencionó que se trata de los comicios más números en cuanto a cargos de elección popular, pues se elegirá un presidente, 128 senadores, 500 diputados federales, seis gobernadores, un jefe de gobierno, 579 diputados locales y 876 presidentes municipales.

Agregó que serán instaladas en todo el país 143 mil casillas, cada una con siete funcionarios electorales y suplentes, por lo que más de un millón de ciudadanos participarán directamente en la organización de los comicios

29 de junio de 2012, El Informador

Neza y los vicios electorales en el Edomex.

 

Neza y  los vicios electorales en el Edomex.

Bernardo Barranco V.

 

Cuando los márgenes de diferencia electoral son tan estrechos, la autoridad lectoral se pone a prueba. La estrecha distancia electoral en los comicios del municipio de Netzahualcóyotl ha provocado una crisis y ha puesto en evidencia las carencias y miserias de nuestro sistema electoral.   Después de un proceso tortuoso de recuento de votos y de plazos vencidos en la elección en Neza , el consejo general del  IEEM determinó atraer los paquetes electorales  a Toluca para concluir la tarea y así evitar la exacerbación de los ánimos que pueda llegar a la lamentable violencia. No están claros aun los fundamentos legales de dicha atracción y por ello, se ha venido postergando la resolución de un conflicto electoral que ante todo respete la voluntad de la ciudadanía, la de Neza y la de los mexiquenses. Sin embargo dejar pasar más tiempo también comporta graves riesgos. Muchos temen que la elección se resuelva mediante acuerdos políticos asimétricos entre los actores.

El caso Neza muestra en su conjunto los vicios, las desconfianzas y los sesgos que el sistema electoral mexiquense protagonizado por el IEEM. Una carencia en el estado al no contar con árbitros imparciales con autoridad moral que pueda reconducir un proceso torcido desde sus cimientos.

Todavía en un intento de salvar el naufragio de Neza,  el sábado López Corral, secretario ejecutivo envío  apoyo especial del IEEM para elevar el número de mesas a 18 para concluir en tiempo el recuento de votos. Pero todo fue inútil ante la desconfianza generalizada.

Protesta PRD en Neza

En primer lugar, las suspicacias empiezan por  las autoridades electorales municipales son poco confiables, ya que éstas han sido designadas por pactos y cuotas de poder entre los partidos al interior del IEEM. El proceder de dichos vocales  provocó desconfianza y reproches que concluyeron con su destitución y la grave acusación que pesa sobre el ex -vocal ejecutivo Nicolás castillejos Cruz de haber permitido la alteración de cerca de 70 paquetes electorales.

El Consejo del IEEM determina, en medio de un operativo de seguridad de más de mil policías y presiones de militantes de los partidos en disputa, trasladar los paquetes a Toluca.  Se inicia así  una sinuosa travesía  llena de retrasos,  fallas mecánicas  y tensiones.

Inexplicablemente el consejo aun no toma cartas en el asunto cuando debe proceder de inmediato. Hay plantones y guerra verbal en los medios. Se pone de manifiesto las diferencias al interior del Consejo general del IEEM sobre todo cuando hay 5 consejeros abiertamente identificados con una de las partes en conflicto, es decir el PRI.  Circulan imprudentes declaraciones del consejero  Juan Carlos Villareal quien formuló que se podría llegar a la anulación del proceso,  exacerbando aun más los ánimos de los perredistas que piden juicio político a los consejeros y exigen al gobierno de Eruviel Ávila a no meter mano en la disputa. Lo que está en juego son intereses mayores, Neza es el segundo gran municipio con un presupuesto que rebasa los 2500 millones de pesos y con una población de 1,110,565 habitantes. Ganar o perder el municipio  es más que simbólico. Está en juego la recuperación amarilla o la permanencia tricolor en la zona. Si los paquetes están alterados y los plazos vencidos  ¿se elevará el triunfo el PRD con su mínima ventaja de 800 votos?, ¿seguirán los consejeros el conteo?, o ¿se anulará el proceso y se celebrarán elecciones extraordinarias? En Neza también se pone a prueba la imparcialidad del árbitro.

Jueves 12 de julio de 2012, Milenio Estado de México.

Atlacomulquización del poder como riesgo

Atlacomulquización del poder como riesgo

Bernardo Barranco V.

El sueño de diversas generaciones de políticos mexiquenses se ha cumplido; un miembro de la familia y actor político oriundo de Atlacomulco conquista la Presidencia y consuma una obsesión: el regreso del PRI a Los Pinos. Después de la jornada electoral y la notable debacle del PAN, vivimos un momento de desorden porque un montón de referentes están cambiando; dichos cambios se confirmarán conforme los asiente el tiempo y los tribunales electorales dicten sentencias definitivas. Hay sentimientos de relativo caos, ya que más de 65 por ciento de la clase política en el país está mudando con la elección de 2012 que, como sabemos, no sólo fue presidencial, sino de manera simultánea en 15 entidades del país. De los resultados federales y generales del nuevo mapa político del país, los analistas fijan su mirada ahora en las realidades regionales cuyas dinámicas son tan diferentes como los resultados contradictorios y hasta de contrastes. Alternancia en Tabasco, Jalisco, Morelos y Chiapas, por ejemplo, y por otro lado, carro completo en el DF y el estado de México.

Sin embargo, el resultado de la jornada electoral del 1º de julio ha despertado temores y desasosiegos, pues se teme una eventual restauración y regresión política en México. Recordemos que la Restauración de mediados del siglo XIX fueron diferentes movimientos conservadores para reimplantar el viejo sistema de dinastías monárquicas en Europa, la nostalgia, pues, por el ancien régime como reacción al mundo tumultuoso que provocó la Revolución Francesa. Existen, en muchos, muchas alarmas por el peligro de una potencial regresión que destruya ciertos progresos en la vida democrática de la República. ¿Habrá un regreso al universo autoritario, corrupto y excluyente del viejo PRI? Los sesudosanalistas como Jorge Castañeda refutan tal tesis, argumentando que el México contemporáneo ha cambiado de tal forma que sería muy difícil una notoria regresión; hay actualmente un mosaico de nuevas realidades de pesos y contrapesos que frenarían un amenazante retroceso; además, la actual composición plural del Poder Legislativo frenaría tal pretensión.

Los riesgos ahí están, no se pueden ocultar, como tampoco las tentaciones de actores cuyo ADN es profundamente antidemocrático y autoritario, pese a las leyes de los equilibrios democráticos que México ha transitado. Las posibilidades de regresión no son especulaciones ociosas. En muchas entidades de la República se ha venido operando, o en otros estados de plano jamás transitaron en busca de modelos más participativos y democráticos, como en el estado de México, donde el PRI ha gobernado de manera ininterrumpida durante ocho décadas. No son pocos los que temen que su regreso a Los Pinos se convierta en la restauración del autoritarismo y en el retorno del presidencialismo absolutista que prevaleció durante el siglo XX. Sin embargo, la experiencia política de Enrique Peña Nieto es un sistema de poder más cercano al viejo PRI que a los cambios democráticos que el país requiere. El motor del mundo político de Peña Nieto se basa en el sistema de lealtades. La política de la entidad se centraliza en Toluca, centro del gran poder mexiquense, alimentada por prácticas y principios que creíamos fosilizados. Hoy se están repitiendo en otros estados por otros gobernadores que también se hacen llamar nuevo PRI.

El sistema político mexiquense funciona a la perfección cuando convierte con prebendas a los ciudadanos en súbditos, sometiendo los medios de comunicación mediante gratificaciones abiertas o subterráneas. El sistema gira en torno a la distribución del enorme presupuesto y el gobernador se convierte en el eje de decisión final; de ahí emana su inmenso poder. Las estructuras de gobierno son maquinarias aceitadas y disciplinadas; una burocracia tipo bonapartista que somete a los demás órdenes de gobierno, principalmente el sistema legal, a los intereses del Ejecutivo, garantizando así impunidad a las prácticas de corrupción y coacción social.

El modelo mexiquense culmina con el dominio del órgano electoral como un territorio colonizado. En tiempos electorales el gobierno deja sus funciones de Estado para convertirse en la maquinaria electoral más experimentada del país. Ahí está el caso sonado del video que capta in fraganti al funcionario José Bernardo García Cisneros, ex director general y ex consejero electoral del IEEM y presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, también a Luis Enrique Martínez Ventura, presidente municipal de Valle de Chalco Solidaridad, orquestando apoyos sociales del gobierno a cambio de votos. ¿Y que pasó con ambos funcionarios? Fueron exonerados.

Las oposiciones tanto del PAN como del PRD son igualmente parte de dicho modelo. Han consentido y validado prácticas torcidas basadas en la simulación. Es común en los dichos de la entidad afirmar la cooptación de una oposición complaciente que hacia finales de los noventa tuvo la oportunidad desperdiciada de democratizar el estado de México. La compra y coacción de votos no se da solamente entre la población necesitada. Arturo Montiel montó una operación con casi toda una bancada panista durante su mandato como gobernador. Utilizó la teoría del caos, consumando la degradación del orden y el desorden como ente organizador.

Peña requiere reinventarse. Su experiencia política, en especial como gobernante, ha ido a contramano de los titubeantes y jaloneados avances democráticos del país. No basta laalternancia en la alternancia en el poder, sino la alternancia con alternativas; ése es el gran reto. Si bien México no es Atlacomulco, el inexistente llamado grupo Atlacomulco ha guardado una memoria de poder ininterrumpido, goza de extraordinaria experiencia política, incalculable capacidad financiera y está pletórico de leyendas negras; ahora acaricia la culminación de uno de los más grandes sueños: alcanzar la silla presidencial.

La Jornada, Miércoles 4 de julio de 2012