La jerarquía católica: Entre transición democrática y tentación teocrática
por Bernardo Barranco[*]
Metapolítica, Número 54
Tradicionalmente, uno de los poderes reales más importantes del escenario político mexicano es la Iglesia católica. En este ensayo se revisan las grandes líneas de acción política que esa institución ha tomado debido a los cambios registrados en la transición democrática, así como la pervivencia de sus afanes teocráticos.
Pensar en la Iglesia católica como una institución ajena a intereses políticos es un grave error: ésta ha estado presente a lo largo de nuestra historia, ha formado parte de la conformación de la nación y en cada etapa ha defendido posturas e intereses definidos. La Iglesia católica, como pocas instituciones en la historia moderna, tiene la experiencia y la capacidad de adaptarse a diferentes formaciones sociales, políticas y económicas; su actuación no se juega ni se agota en coyunturas, sino por el contrario, su mira y el diseño de su compás son de largo plazo. Las transformaciones culturales del México contemporáneo bajo la modernización del país, traen como consecuencias cambios no sólo en el comportamiento y las prácticas sociales, sino en la manera de entender el mundo. Nuevas lógicas y sentidos emergen lentamente en nuestra sociedad, mientras otras, entre ellas las religiosas tradicionales, pierden vigencia o se recrean. Se pasa de contextos en los que las creencias religiosas formaban parte de los supuestos culturales totalizantes, donde los valores cristianos ejercían el monopolio del sentido, a un nuevo momento cultural donde estas mismas significaciones conviven con otras. Es decir, antes las verdades reveladas por Dios indicaban las normas de conducta e imponían un conjunto de prácticas que orientaban a la sociedad y a las personas a un modelo social; este proceso de reajuste cultural que la religión católica ha venido experimentando desde finales del siglo XIX hasta la fecha se le denomina secularización. No significa, necesariamente, ni la pérdida absoluta de lo religioso ni la muerte dramática de Dios, sino el acotamiento social del espacio religioso a la esfera del individuo y a la dimensión de lo privado. A esta pérdida de centralidad social, por supuesto, las iglesias históricas se oponen y políticamente se resisten. Bajo las actuales condiciones, en las que la fragmentación y la multiplicidad de identidades han generado un agotamiento de los modelos de representación y de pertenencia integral, la Iglesia católica se encuentra sumergida en un proceso de reformulación, tanto en lo que se refiere al posicionamiento frente al Estado como ante la sociedad, así como en lo que atañe al acento en su prédica y acción pastoral.
Históricamente, las pretensiones, intereses y misión propia de la Iglesia católica condujeron a su jerarquía a entablar un diálogo privilegiado con el poder de las élites de los gobiernos, principalmente con el presidente en turno, y desde ahí incidir en los principales resortes de decisión de la política pública. Sin embargo, en este inicio de siglo, nos percatamos de las dificultades de la Iglesia para situarse en la actual transición democrática que México ha experimentado; si bien es cierto que la mayoría de los obispos apoyaron el cambio de rumbo político en el 2000, también lo es que ha costado mucho trabajo ensamblar sus intereses con las nuevas circunstancias de la alternancia. Se rompió con muchas reglas del régimen anterior y se crearon situaciones inéditas; muchos usos y costumbres de una cultura política presidencialista a la que la Iglesia, durante setenta años, llegó a entender y a manejar con destreza y tacto, cambiaron.
En estas notas, nos proponemos destacar los cambios en la estrategia política seguida por la jerarquía y comprobar, más allá de sus tropiezos y agobios, qué discurso ético religioso constituye el factor medular de su posicionamiento social y político. Dicho acento forma parte también de las directrices promovidas y estimuladas por la Santa Sede, bajo la conducción del Papa Benedicto XVI.
Entender a la Iglesia católica
La Iglesia católica es ante todo una estructura que conduce y gestiona el depósito histórico de lo religioso y de su misión, así como la administración de los símbolos y los sacramentos de sus adherentes; es decir, la dimensión ritualizada de los creyentes. Es también una institución política cuya práctica social y cuyo campo de intervención aspira a inducir y a comprometer a los principales actores de la sociedad, así como al propio Estado, a contar con ella. Ningún país de tradición cristiana escapó, en materia religiosa, a los efectos de la modernidad; ninguno tampoco se rige ya bajo el estricto principio de la cristiandad, ni a la centralidad social de la Iglesia, que prevalecieron en Occidente durante mucho tiempo. Lo religioso se reconfiguró bajo el principio moderno de la secularización: a cada uno sus convicciones, es decir, cada quien tiene su derecho públicamente reconocido a creer o no. El otro gran principio es el de la laicidad, la clara separación entre lo religioso y la gestión del poder público. La línea de evolución es clara: en la actualidad ya no existe la religión pública sino la libertad religiosa. Esta libertad se basa en el reconocimiento de los derechosde toda conciencia individual. Es ahora la libertad de la conciencia humana la que se vuelve fundamental: cada persona se torna en factor de dignidad. Por lo tanto, el principio de laicidad abre una nueva vía, descarta toda religión pública al igual que el ateísmo público, toda religión de Estado al igual que ateísmo de Estado. Recíprocamente, no admite ni antireligión oficial ni antiateísmo oficial; cada uno debe seguir su conciencia. A pesar de todo, en la práctica la religión católica en nuestro país conserva una fuerte prima pública y no se encuentra nunca sobre el mismo plano que el ateísmo, su negación radical.
Si bien la historia demuestra que la Iglesia católica ha venido acomodándose a las diversas formas de la democracia moderna, no necesariamente ésta las promueve, a pesar de que es mucho menos anticlerical que en el pasado (Piétri, 1999). Sin duda, en la última década la Iglesia católica ha venido ganando terreno político y presencia pública; recordemos que desde los años cuarenta del siglo pasado, se bosquejó la simulación de aparente separación Iglesia–Estado. Las reformas constitucionales a inicios de la década de los noventa permitieron transparentar más la relación de la Iglesia frente al Estado. Esta creciente influencia político social la ha venido utilizando para, primero, asegurar que la institución pueda seguir desarrollando su misión, portadora de un código ético cristiano y de un ideal histórico; segundo, robustecer las condiciones materiales, económicas, jurídicas y políticas de las estructuras políticas que faciliten la expansión de esta misión.
A partir del gobierno de Vicente Fox, se percibió cierto soplo confesional en lo político. Una de las grandes interrogantes de la alternancia foxista consistía en saber si el nuevo gobierno iba a respetar el carácter laico del Estado; las dudas se fundamentaban en el arribo al poder de corrientes conservadoras inspiradas en el social catolicismo (Cfr., Metapolítica, 2002). Desde el gabinete hasta los cuadros medios, la nueva administración introdujo personajes abiertamente confesionales, y algunos de ellos en franca actitud revanchista. Estas dudas se disiparon desde la misma toma de posesión y a partir de 2001: Carlos María Abascal Carranza se distinguió como el personaje del foxismo que permanentemente desafió la cultura laica del gobierno. El propio presidente también contribuyó con actitudes, gestos y expresiones, como el beso al anillo papal, que agitaron las cenizas jacobinas, ya que mediáticamente se atropellaba el carácter laico del Estado mexicano. Así, numerosos analistas han disertado abundantemente sobre los riesgos de una cierta desecularización, pero los hechos comprobaron que el carácter laico del Estado resistió y en la práctica no se retrocedió.
¿Hasta dónde la Iglesia es un cuerpo compacto, que a pesar de sus diferencias persigue los mismos fines? En primer lugar, la Iglesia está inserta en la sociedad y, por lo tanto, convive, recibe y participa de las diferentes corrientes ideológicas, sociales y políticas. Como toda estructura social, la Iglesia católica no es monolítica y refleja las diferencias sociales, las hace suyas y las procesa conforme a su propia identidad, práctica y tradición. Las crisis, las disputas y las coyunturas humeantes, las suma a sus discrepancias internas y, a pesar de estas desavenencias y diversidad, mantiene unidad y disciplina. La Iglesia católica es una institución que, por un lado, es partícipe de la intensa dinámica de la Iglesia universal encabezada ahora por el Papa Benedicto XVI y, por otro, es portadora de muchos rasgos de la propia sociedad mexicana. No es ajena a las particularidades de la cultura política mexicana con todas sus ansiedades y vicios. A pesar de ello, mal haríamos en explicar el laberinto católico sólo por sus variables externas o por las correlaciones internas de los principales actores católicos. Advirtiendo su heterogeneidad, la Iglesia tiene una conciencia viva de su identidad y de irreductible especificidad; en otras palabras, con extremo cuidado la Iglesia cultiva su pasado y su compleja herencia, a la que no está dispuesta a renunciar. Por tanto, detenta una memoria definitiva que pesa sobre su presente y la marca para el futuro. Registra las repercusiones que recibe de la sociedad donde está presente y de la que forma parte. Aquello que divide a la sociedad, la divide igualmente. Ella exterioriza a su manera los conflictos presentes en la sociedad, incluso la propia Iglesia puede ser la causa de los antagonismos sociales. Debe descartarse la idea de una Iglesia pasiva y sólo receptiva a los acontecimientos; por el contrario, la Iglesia es sensible y activa (Poulat, 1983).
Presencia y práctica política de la jerarquía católica
La Iglesia católica tiene por naturaleza una complexión política, su jerarquía tiene experiencia y oficio. Durante los regímenes presidencialistas, la jerarquía supo actuar, casi con maestría, en las coyunturas electorales. Siempre obtenía beneficios y reivindicaciones gracias a la oportuna intervención del alto clero, que sabía comportarse políticamente ante el relevo y cambios de la clase política. Era, pues, el momento de mayor debilidad del viejo sistema político y los prelados aprendieron a sacar provecho de la circunstancia.
A partir de 1985, el año del terremoto, la jerarquía católica decidió ser más osada, salir del “estrecho rincón jurídico” en que se encontraba y desempeñarse políticamente con mayor protagonismo. Las reformas y achicamientos del Estado mexicano, promovidos por el gobierno de Miguel de la Madrid en los años ochenta, favorecieron la emergencia de de diversos actores además de la Iglesia, tales como empresarios, organismos no gubernamentales, movimientos sociales y mayores márgenes para los medios de comunicación. En Chihuahua, la jerarquía local encaró un fraude electoral contra el Partido Acción Nacional (PAN) y amenazó con el cierre de los templos, desencadenando no sólo la sombra de la guerra cristera sino tensión interna en el episcopado, que concluye con la intervención de Roma, que determina, bajo la presión del entonces delegado apostólico Girolamo Prigione, prudencia y colaboración con el gobierno. A partir de ese momento, se desata una cierta efervescencia política y protagonismo mediático entre los prelados católicos, así como posturas contrarias entre el clero, ante el creciente debilitamiento del sistema político.
A veces la Iglesia jugó un papel opositor, asumió reclamos de la sociedad civil, pero al mismo tiempo se mostró aliada de los viejos estilos del poder. Hay un mayor énfasis de la jerarquía en temas relacionados con los derechos humanos, libertades y derechos políticos ciudadanos; en cierta manera, una parte del alto clero pretendía enarbolar reclamos sociales de amplios sectores que no gozaban de interlocución: “ser voz de los sin voz”, se escuchaba decir como parte de una estrategia de posicionamiento alternativo y, al mismo tiempo, se seguían los estrecho vínculos con el poder (Ramos, 1992). El posicionamiento político pasó por los cuestionamientos al sistema mismo, aprovecho el discurso presidencial de la “renovación moral” para insertar los cuestionamientos propios y de un sector de la sociedad. Sin embargo, los ochenta y parte de los noventa, fueron los años de mayor gloria de Prigione, quien logró mimetizarse con el sistema presidencialista priista, encabezando la postura colaboracionista con el gobierno. También influyeron las exitosas visitas del Papa Juan Pablo II en 1979 y 1990, quien fue capaz de levantar una burbuja mediática presentando una iglesia mexicana masiva y triunfalista, ampliamente respaldada por la grey que se arremolinaba para ver y oír al Santo Padre.
En las dos últimas décadas han existido dos grandes posturas políticas en la jerarquía católica mexicana: una opositora al régimen, que acaricia la idea de cambios, y otra colaboracionista, encabezada por el representante del Papa en México. La primera se desdobla en dos grandes posiciones: los obispos de oposición “civilista”, situados en la zona norte y en el Bajío del país, vivamente ligados al PAN; la segunda, obispos “liberacionistas”, vinculados a las luchas indígenas y movimientos campesinos situados en la región sur del país, especialmente Chiapas y Oaxaca. A la distancia, resulta evidente que predominó la postura colaboracionista; Prigione se impuso, e, incrustado en la clase política, negoció y pactó importantes concesiones. La debilidad con que finalizó el gobierno delamadrista culminó con la desaseada elección de Carlos Salinas de Gortari, y sin duda se favoreció la orientación gradualista y desde dentro del sistema político, enarbolada por el todopoderoso Prigione, quien se convirtió en el jefe de la Iglesia católica, apoyado por Roma y por el propio gobierno. Después de más de 19 años de permanencia en nuestro país, Monseñor Prigione lo conquistó todo, menos la simpatía de su propia feligresía. El logro más importante que obtuvo fue político: cambió artículos constitucionales que negaban la existencia de la Iglesia y restableció relaciones entre el Estado mexicano y el Vaticano. El nuncio Prigione hizo un relevo generacional promoviendo a más de 84 por ciento de los actuales obispos; el perfil era obvio: conservadores y obedientes a Roma; personajes de la talla de Onésimo Cepeda, Norberto Rivera, Emilio Berlié y Juan Sandoval emergieron como portadores de nuevos liderazgos, cambios pastorales y contenidos diferentes.
Las principales tesis enarboladas por este grupo emergente, que se resumen en la doctrina Prigione, son: a) fidelidad absoluta al Papa y a la ortodoxia doctrinal; b) una Iglesia fuerte, unida y poderosa, capaz de negociar con mayor ventaja con los gobiernos y los poderes fácticos; c) una Iglesia visible, mediática, conducida por personajes recios, influyentes y capaces de ser interlocutores, y d) para lograr con eficacia la misión religiosa se usa el poder económico, político y mediático. En corto se establecen vínculos coyunturales con el poder político, se convierte en un factor de estabilidad social.
Las convulsiones de 1994 y el deterioro de la conducción política del gobierno de Zedillo, llevaron a la jerarquía a experimentar profundas fisuras y confrontaciones internas que reflejaban, al mismo tiempo, la zozobra política de cara a las elecciones del año 2000. La corriente civilista transitó desde Chihuahua en 1986, a la conformación de una amplia mayoría en el seno del episcopado que apoyaba con simpatía la hipótesis de la alternancia; dicha posición quedó plasmada en un célebre y disputado documento episcopal, llamado: “Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos”, fragorosamente debatido entre marzo y abril del 2000. En él, sin mayor recato, los obispos saludaban la alternancia. La postura colaboracionista en aquel proceso electoral, que apoyó la candidatura de Francisco Labastida, fue encabezada por el cardenal Norberto Ribera, quien, ante la remoción de Prigione, asumió la conducción del llamado Club de Roma.[1] Precisamente Rivera se opuso a la publicación del documento en que los obispos coqueteaban con la hipótesis del triunfo de la oposición panista, evidenciando que el mayor problema de Prigione fue haberse mimetizado con la élite en el poder. Prigione se convirtió en un salinista en el interior de la Iglesia y en el hombre de la Iglesia en el interior de salinismo. Estos excesos le llevaron a acumular presiones internas y reproches, por lo que, al finalizar el salinismo, Prigione dejó no sólo de ser funcional sino llegó a ser incómodo tanto para los integrantes del gobierno de Zedillo como para la propia jerarquía.
El desgaste del modelo prigionista
El modelo de las elecciones es rebasado por el proceso social. En 2000, por ejemplo, la jerarquía entró a la contienda electoral muy dividida; la mayoría de los prelados simpatizaba con Fox, mientras un grupo de obispos, como vimos, se convertía en ala propriista, apoyado también por los Legionarios de Cristo. En 20003, muchos obispos se subieron al ring electoral y con celo apostólico cuestionaron a aquellos partidos y candidatos que contrariaran valores cristianos como el respeto a la vida, favorecer el uso del condón y la píldora del día siguiente, entre otros. Fieramente disputaron a través de los medios de comunicación las posturas de candidatos, tanto del PRD como del entonces México Posible. Algunos de estos obispos, como Florencio Olvera Ochoa, de la diócesis de Cuernavaca, y Mario de Gasperín, de Querétaro, terminaron declarando ante el Ministerio Público sus querellas políticas por haber quebrantado la ley de asociaciones religiosas, que prohíbe tajantemente la injerencia del clero durante las contiendas electorales, hecho sin precedente en la historia electoral de este país.
El advenimiento de un presidente católico al poder como Vicente Fox, no significó en los hechos nuevas ni grandes conquistas alcanzadas por la Iglesia. Por el contrario, se percibió incomodidad y falta de un acuerdo político tácito. También es cierto que la primera dama, Martha Sahagún, en sus afanes anulatorios de sus respectivos matrimonios, forzó la reconciliación con el Club de Roma. Precisamente durante el sexenio foxista, el alto clero sufrió el deterioro político debido a los continuos escándalos mediáticos que su excesivo protagonismo ha provocado. Por ejemplo, el cardenal de Guadalajara, que tiene amistades íntimas entre empresarios de dudosa reputación (como el zar del juego José María Guardia), fue sometido a un indiciamiento por probable delito de lavado de dinero, cargo del que fue exculpado. Por su parte, el cardenal Norberto Rivera ha sido severamente expuesto a un desgaste político y mediático continuo, desde los abusos centaveros por la excesiva comercialización de las últimas visitas del Papa Juan Pablo II, los contratos para mercadear la imagen de la Virgen de Guadalupe y de Juan Diego, hasta los encubrimientos a pederastas como el padre Nicolás Aguilar y la defensa disciplinada de Marcial Maciel, uno de sus principales mentores. Ahora, ante la polémica sobre la despenalización del aborto en la capital del país, Rivera tuvo probablemente su mayor traspié al asumir, sin fuerza ni argumentos de fondo, una actitud amenazante de llegar a los extremos de la excomunión y llamar a la desobediencia civil (Veloz, 2007).
Las altas expectativas que la jerarquía depositó en el gobierno foxista se convirtieron en desencanto, y las relaciones con la jerarquía estuvieron marcadas por la atonía y hasta cierta displicencia. Es más, las promesas de campaña, elaboradas por los propios actores religiosos, concentradas en el famoso “Decálogo”, fueron en su mayoría incumplidas. Dicha carta, enviada durante la campaña, contenía nítidamente las exigencias del alto clero católico.[2] La erosión de sus actores protagónicos y la falta de resultados ante un primer gobierno panista, cuyos principales adalides son católicos, obligó a repensar estrategias y líneas de acción. La fase política de Prigione se había agotado: el interlocutor ya no es más sólo el presidente y su red ejecutiva. Los cambios en el sistema condujeron a la jerarquía a replantear nuevas estratagemas de intervención social; la era de los contactos privilegiados con las élites del poder son insuficientes, por lo que se tenía que superar el viejo patrón de relaciones cupulares que llegó a tener con gobiernos priistas. Ahora la Iglesia se ve apremiada para diseñar nuevas rutas de ascendencia social.
Nueva estrategia clerical
Desde 2005 la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) buscó reestructurarse internamente, pretendiendo evitar la dispersión y focalizar su acción en las prioridades por las que, colegiadamente, los obispos han decidido optar. La CEM reconvierte las 27 comisiones episcopales en sólo nueve, anteproyecto que fue votado por mayoría abrumadora, y que es conducido por el obispo de Texcoco, Carlos Aguiar Retes, quien es el actual presidente de los obispos mexicanos. Persona culta e inteligente, representa una nueva generación de obispos que releva los tradicionales liderazgos de los actuales prelados. Entre las nuevas comisiones resaltan las siguientes: espiritualidad y culto; solidaridad; doctrina de la fe y cultura; defensa de la vida; comunicación, y diálogo ecuménico interreligioso.
Al mismo tiempo, Roma intervino directamente, al realizarse diferentes sesiones entre los obispos mexicanos, los diferentes dicasterios de la Santa Sede y el propio Papa Benedicto XVI. En la llamada visita ad limina, en septiembre y octubre del 2005, el Papa Ratzinger manifestó en Roma que la Iglesia católica mexicana debería seguir siendo tutelar de los valores morales de la nación, ser un factor coadyuvante de la transición y consolidación democrática de México; afirmó que la iglesia tenía un rol central para contribuir a enfrentar el narcotráfico, la pobreza, las migraciones y, sobre todo, la corrupción de altos funcionarios públicos. Mientras la clase política interpretó de injerencistas las afirmaciones del Papa, en realidad los principales destinatarios eran los propios obispos; la preocupación de Roma es que la Iglesia mexicana no ha acabado de acomodarse ni en la alternancia ni en la transición democrática.
La fórmula elegida por los obispos, desde su encuentro con el pontífice, ha sido arreciar su postura sobre la relación entre la ética y el quehacer político. Los debates en torno a la píldora, el aborto, la homosexualidad, la familia y eutanasia, por mencionar algunos, son temas que se convierten en materia de disputa política. El campo de la moral tiene fundamentos sociales pragmáticos, así como raíces culturales y psicológicas hondas. Los valores han sido exaltados por todas las religiones y les han aportado un arraigo profundo. En tiempos no tan remotos este conjunto de valores constituían el campo de la tradición y del lenguaje, de lo jurídico y lo económico; se instituían reglas estrictas del comportamiento cotidiano y se conformaba el terreno del sentido común. A través de los libros sagrados, la liturgia y la instrucción que guardaba la representación y la memoria, la ética religiosa inducía a la obediencia de códigos y un orden creado o querido por Dios. Por ello, la moral religiosa católica es una representación del orden social querido o interpretado por la institución mediante la doctrina, la tradición y la disciplina. Este orden moral ha chocado frontalmente con la modernidad secular por lo menos desde el siglo XVII. Si la modernidad secular y sus nuevas instituciones laicas habían creado una contra- Iglesia, en contraparte y con vientos adversos, los católicos siempre han aspirado a construir una contrasociedad alternativa.
Además de su tradicional crítica al modelo económico neoliberal, la aspiración de poseer medios electrónicos de comunicación e impartir instrucción religiosa en las primarias públicas, la jerarquía ha introducido modalidades recientes. En reveladora entrevista a la revista Proceso, Carlos Aguiar Retes puso de manifiesto el diseño de una nueva estrategia tendiente a generar una segunda generación de reformas constitucionales que satisfagan las demandas eclesiásticas y una posición eclesial de privilegio que favorezca el despliegue de sus intereses. En términos de contenido, la jerarquía demanda la posesión de medios electrónicos, impartir instrucción religiosa en las escuelas públicas y un conjunto diverso de intervenciones eclesiásticas en la sociedad, englobadas bajo un concepto referencial denominado “libertad religiosa”. Para ello, la pretensión es reformar la Constitución, introduciendo el concepto catolizado de “libertad religiosa”, esto es, ir aparentemente más allá de la libertad de creer o no creer de un individuo, a la libertad religiosa que abarcaría la capacidad de maniobra societal y de acción política de la propia institución religiosa, que en el dicho de Aguiar resalta lo siguiente: “Hace falta que las leyes mexicanas garanticen la libertad religiosa. Actualmente, la Constitución sólo garantiza la libertad de creencia y de culto; esto es, que cada quien pueda creer en lo que mejor le plazca. Pero esto es apenas una pequeña parte de la verdadera libertad religiosa, ya que es necesario que se modifique el artículo 24 constitucional, que garantiza la libertad de culto y de creencia. Queremos que ese concepto se amplíe por el de libertad religiosa, como estipula la ONU, y donde ya se abarca todo el derecho humano a la expresión, asociación, gestión y servicio de una fe”.
Seguramente el episcopado se sumará al clima de cambios y reformas a nuestra Constitución, insertando añejas aspiraciones que convienen ser revisadas y analizadas a fondo. En realidad, la aspiración de la jerarquía de instaurar una concepción clericalizada de libertad religiosa no es nueva; ésta busca garantizar y favorecer nuevas formas de intervención social tendientes a la formación de valores socialcristianos como enclaves dominantes. En la misma entrevista, el reportero Rodrigo Vera registra estas nuevas formas de incursión, que es necesario analizar: la novedad radica en que ya no será sólo a través del Ejecutivo donde se realizará la interlocución, sino de las diferentes fuerzas políticas.
Aguiar Retes destacó al Poder Legislativo: “Fundamentalmente ante los líderes de las bancadas. Hay que entrar en relación personal con ellos, porque muchos políticos piensan que, en materia de relaciones Iglesia-Estado, ya no hay nada qué hacer” (Vera, 2006). Gran parte del siglo XX la jerarquía católica se vinculó políticamente al sistema mediante el absolutismo presidencial. La jerarquía reconoce de facto la gravitación de otros poderes que van más allá del presidencialismo obsoleto. En otras palabras, hay una nueva apuesta que se estableció desde el modus vivendi en 1930; ahora el campo de acción política se traslada a los diferentes contrapesos y a otros actores políticos y sociales. La Iglesia de hecho ha ganado considerable terreno, sin necesidad de reformas, tanto en el ámbito de los medios de comunicación masivos y de los empresarios, como entre los organismos de la sociedad civil, en particular vía la creación de las instituciones de asistencia privada. Aguiar Retes pareciera decirnos que la relación Iglesia-Estado debe enmarcarse en una perspectiva más profunda y de mayor alcance, es decir, dentro de la relación entre la Iglesia y la sociedad. Sin embargo, existe el riesgo latente de una embestida al carácter laico del Estado. Esperamos que la jerarquía se siga guiando en el marco del orden institucional. Igualmente, resulta inquietante el ascenso y expansión de sectores de la ultraderecha, y su latente potencialidad de establecer alianzas estratégicas con un sector de la cúpula episcopal obsesionada por combatir la sociedad del relativismo y con la tentación de construir un orden social cristiano. La polarización social en torno a la despenalización del aborto en el Distrito Federal revela que la hipótesis no es lejana y que existen condiciones reales para que se realice. La tentación de la neocristiandad es real; es decir, regresar a una sociedad socialcristiana de pensamiento único está latente en los ardientes corazones que añoran sociedades teocráticas. Por ello, la responsabilidad de la jerarquía, hoy un actor político importante en el entramado de la actual transición, es trascendente; pero al mismo tiempo, con lo actuales aires conservadores muy avivados, las tentaciones son muy patentes.
Referencias
A. A. V. V. (2002), “La tradición: memoria desterrada”, Metapolítica, vol. 6, núm. 22, marzo/abril.
A. A. V. V. (2002-2003), “En el nombre de Dios: Política y religión”, Metapolítica, vols. 6-7, núms. 26-27, noviembre/ febrero.
La Jornada (2000), 27 de mayo.
Piétri, G. (1999), Le catholicisme à la épreuve de la démocratie, París, Cerf.
Poulat, E. (1983), Le catholicisme sous observation, París, Le Centuron.
Ramos, V. M. (1992), Poder, representación y pluralidad en la Iglesia, México, UdeG.
Vázquez Montealbán, M. (2000), “Al césar lo que es del César”, El País, 1 de marzo.
Veloz, V. (2007), “El efecto boomerang y Norberto Rivera”, Etcétera, mayo.
Vera, R. (2006), “Meta: el poder en la tierra”, Proceso, núm. 1574, noviembre.
Metapolítica No. 154
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