Archive for the ‘Iglesis y procesos electorales’ Category

La Iglesia frente al voto nulo

junio 10, 2009

La Iglesia frente al voto nulo

Bernardo Barranco V.

 

En la historia moderna, generalmente se respeta, aun sin estar de acuerdo, el orden social y normativo existente. En nombre de ese orden social, amenazado por el llamado al voto nulo, el episcopado mexicano se alista y se inscribe para promover la participación ciudadana durante el actual proceso, fomentar el sufragio de la población y, por tanto, abatir el abstencionismo. Sin embargo, dicha intervención, hasta hace muy poco cuestionada tanto por el Instituto Federal Electoral (IFE) como por Gobernación, transita por márgenes muy estrechos que el Estado laico le ha impuesto y corre el riego, como en 2003, de transgredir normas jurídicas y políticas.

 

La jerarquía percibe que encarar el voto en blanco puede congraciarse y legitimar campos de actuación en la esfera pública durante los procesos electorales. Sin embargo, hay que advertir que recorre terrenos complejos y no estoy tan seguro de que perciba bien el trasfondo de los actuales debates.

En una sociedad democrática y de respeto a las libertades, la cuestión y discusión sobre el voto en blanco o voto nulo no debería levantar sobresaltos. Es una opción que ninguna ley prohíbe a los ciudadanos tanto abstenerse como votar en blanco; en las sociedades modernas el voto nulo es incluso un recurso válido que puede llegar a impactar en la prerrogativas hacia los partidos.

Algunos miembros de la alta jerarquía católica se han “enganchado” en el debate sin discernir a fondo los entretelones de la controversia y de manera ramplona cuestionan la abstención. Históricamente, en las elecciones recientes el voto en blanco no ha rebasado 4 por ciento de los votantes, un periódico de circulación nacional calcula mediante sondeos que podría llegar el voto nulo hasta 10 por ciento.

Por tanto, independientemente de los resultados, el voto nulo no impactará el desenlace electoral final; sin embargo, el debate que en estos días ha llegado al clímax ya alcanzó un amplio y significativo nivel de formulación en la opinión pública como para dejar patente el alto grado de inconformidad social, que sin duda ha sacudido y preocupado a las altas dirigencias partidarias.

Hace meses, desde las redes de Internet, fue creciendo este reclamo que tomó forma en la discusión en los grandes canales de la prensa escrita y de los medios electrónicos. Distintos actores están confluyendo: artistas, intelectuales académicos, comunicadores, ex militantes de todos los partidos, ex consejeros del IFE, organizaciones civiles y sociales.

Ciertamente, hay diversos y muchas veces encontrados intereses; no obstante, concurren reclamos de insatisfacción, decepción, hartazgo, pérdida de confianza, indignación por abusos e impunidades: desencanto, pues, sobre el rumbo, nivel y estilo con que la clase política ha conducido al país.

Independientemente de la postura personal que se pueda asumir frente al voto, hay que reconocer el derecho y libertad de dichos ciudadanos y agrupaciones a utilizar un recurso válido en una democracia moderna.

El voto nulo se distancia de la abstención pasiva porque acepta el proceso electoral, participa de las reglas de la democracia y hace del voto blanco un recurso, una forma de expresión y presión política. Supone una discrepancia frontal sobre el catálogo de formas y de ofertas políticas, así como de los sujetos portadores. La abstención pasiva, en cambio, es la total ausencia de intervención en el derecho a sufragar; desapego, escepticismo y desinterés por participar de alguna forma porque no percibe ningún beneficio o por apatía.

Se han multiplicado por el país declaraciones y posicionamientos de obispos y algunas Iglesias que llaman a participar plenamente en lo electoral durante la jornada electoral que se avecina. En su mayoría cuestionan la iniciativa del voto nulo porque consideran que afecta la democracia y alienta la abstención. Por ejemplo, el coordinador de Enlace y Gestión del Consejo Representativo de Iglesias Evangélicas de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, señaló que esto no beneficia el crecimiento democrático del país. Los obispos, siguiendo las directrices del documento No hay democracia verdadera y estable sin participación ciudadana y justicia social, cuestionan el llamado al voto en blanco y reafirman su intención de continuar sus campañas, talleres e iniciativas para promover la participación ciudadana con miras a la elección del 5 de julio.

 

Algunos obispos católicos, excediéndose, han entrado con el pie izquierdo al tema con descalificaciones, adjetivos e improperios. Onésimo Cepeda, una de las joyas del episcopado mexicano acusado en medios de incidir en las actuales elecciones, sentenció: “no le hagan caso a esos estúpidos que dicen voten en blanco, eso es una estupidez” (Milenio, 8/6/09). Por su parte, el cardenal Rivera, después de meses de silencio reaparece para exigir suspender esa campaña porque la considera una “verdadera irresponsabilidad”. En ese mismo sentido, Desde, órgano de difusión de la arquidiócesis, manifestó su desconfianza hacia las asociaciones “que sospechosamente surgen de todos lados”; hace un llamado a “esos comunicadores –que tienen nombre y apellido y que difunden con ligereza sus convicciones abstencionistas– que después del 5 de julio no hagan críticas ante un gobierno que no eligieron”. La beligerancia clerical es calculada porque bajo pretexto de la defensa del voto justifica su intervención pública.

 

Ante las reticencias institucionales, el episcopado se ofrece como un sublime aliado ante lo que ellos mismos señalan como la “opinión del miedo”. Aquellos obispos belicosos han olvidado las enseñanzas del papa Aquiles Ratti, Pío XI, quien sostenía que la política es la forma más encumbrada de la caridad. Ni la clase política ni la jerarquía pueden permanecer insensibles ante los reclamos que existen detrás de la abstención estratégica.

 

Los obispos debe remirar su propio diagnóstico en el documento referido para sostener, como el viejo Maritain, que la política apegada sólo a los intereses inmediatos, mundanos y mezquinos no vale más que una alma desencarnada sin trascendencia y, por tanto, sin influencia en los tejidos sociales.

La Jornada, 10 de junio de 2009

Los pecados electorales

mayo 27, 2009
Los pecados electorales

Bernardo Barranco V.

Hace 30 años el entonces arzobispo Ernesto Corripio Ahumada publicaba un exhorto durante la campaña electoral de 1979, en la que prohibía a su feligresía votar por el Partido Comunista Mexicano, que recién había logrado su registro condicionado. Desde entonces, los obispos con celo apostólico se sienten en la obligación de orientar e influir en la grey electoral, considerada menor de edad, susceptible de ser manipulada y manoseada. En realidad, es precisamente durante los procesos electorales, momentos de debilidad y redefinición de correlación de fuerzas del sistema político donde los obispos insertan sus demandas e intereses inmediatos y mundanos. Siempre han obtenido beneficios y reivindicaciones gracias a la oportuna intervención del alto clero que, ante el relevo de la clase política, logra sacar provecho de la circunstancia. Recordemos cómo en 1988 pactan con el entonces candidato Carlos Salinas de Gortari cambios constitucionales que se materializarían en 1991; ese año, durante el proceso electoral intermedio y crucial para Salinas, el episcopado surge a la opinión pública con su famosa proclama: Es pecado no votar”. Otro ejemplo encontramos en el famoso e incumplido “decálogo de Fox” en 2000. También se debe reconocer la complicidad de los candidatos y los partidos que se convierten en entusiastas participantes en el juego quimérico del llamado “voto católico”. Se abandona el kulturkampf para entrar en el terreno del pragmatismo y el intercambio de supuestas legitimidades. Históricamente, la Iglesia católica, como pocas instituciones, tiene la experiencia y la capacidad de adaptarse a diferentes formaciones sociales, políticas y culturales; su actuación no se juega ni se agota en coyunturas de corto plazo, sino por el contrario, mira y diseña con su compás de largo alcance. 

Sin dejar de reconocer que la jerarquía católica es en sí un actor político social importante en el país, la irrupción política de algunos obispos en procesos electorales en el pasado reciente ha dejado secuelas de crispación y agrias polémicas que obligan permanentemente a preguntarnos sobre los términos de la participación; nos referimos a los márgenes y los límites que tienen las asociaciones religiosas para intervenir en política, en particular durante los procesos electorales, en el contexto de una sociedad moderna, plural y democrática. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como el código electoral federal, prohíben tajantemente a los ministros de culto ser candidatos a puestos de elección popular, pero también les impiden emitir expresiones en favor o en contra de algún partido político o candidato. Por la prensa se ha dado a conocer que existe una coordinación entre funcionarios de Gobernación y del Instituto Federal Electoral (IFE) con líderes religiosos, principalmente para que conozcan mejor y apliquen las disposiciones legales en la materia.

Hay, de hecho, una repolitización de lo religioso, manifiesta en los últimos 30 años; en interacción intensa con los factores del poder, los actores religiosos buscan introducir sus demandas y visiones. Sin embargo, a una parte del clero politizado le cuesta mucho trabajo relacionarse con otros sectores sociales, especialmente laicos ilustrados o secularizados que claman una distancia y separación de esferas, es decir, evitar la contaminación entre lo religioso y lo político. Es un hecho que a muchas dirigencias religiosas se les dificulta relacionarse con las organizaciones de la sociedad civil, con los partidos emergentes, los sindicatos, los medios, la academia, los intelectuales y especialmente los diversos grupos minoritarios, como homosexuales, grupos de mujeres, ecologistas, etcétera. De aquí se desprende que el verdadero reto que enfrentan las iglesias no es el conflicto tradicional con el Estado por encontrar nuevos equilibrios con el poder, sino el que proviene de las transformaciones de la sociedad que se moderniza y seculariza desde hace más de medio siglo.

La normatividad señala que los ministros de culto sí pueden ejercer su derecho al voto como cualquier ciudadano, pero limita una mayor participación de las Iglesias. Por ejemplo, subsiste la polémica entre el IFE y funcionarios de Gobernación que consideran que no violenta la ley que el clero promueva la participación ciudadana para que acudan a las urnas el próximo 5 de julio; sin embargo, rechazan rotundamente que emitan mensajes velados de propaganda electoral de cualquiera de los contendientes que observen sus normas y posiciones. En cambio, funcionarios del IFE miran con reservas esta iniciativa y no han perdido oportunidad de llamar a la prudencia a la clerecía. La irrupción eclesial en las elecciones muestra la intención de alcanzar un mayor protagonismo en torno a la defensa de la libertad religiosa. La línea de convergencia entre valores católicos y opciones electorales es uno de los componentes centrales en el proceso electoral que vivimos. Por lo menos, así se expresa en el espeso documento emitido por los obispos mexicanos, No hay democracia verdadera y estable sin participación ciudadana y justicia social. La orientación central es que los fieles no voten por aquellos partidos que muestran desapego moral a la normatividad católica, especialmente en materia sexual, moral y técnica. Éste es un nodo de polémica y provocación determinante para el Estado laico: ¿se politiza el evangelio o se evangeliza la política? ¿Dónde quedó la argumentación de Corripio, en su exhorto de 1979, para evitar la ideologización marxista del evangelio? En esta coyuntura el riesgo es la electoralización de los principios cristianos. Los obispos mexicanos deben situarse en la circunstancia actual, deben realizar un análisis fino de la transición y no equivocar su responsabilidad social de prudencia y mesura de cara a este 2009.

La Jornada