Los pecados electorales

Los pecados electorales

Bernardo Barranco V.

Hace 30 años el entonces arzobispo Ernesto Corripio Ahumada publicaba un exhorto durante la campaña electoral de 1979, en la que prohibía a su feligresía votar por el Partido Comunista Mexicano, que recién había logrado su registro condicionado. Desde entonces, los obispos con celo apostólico se sienten en la obligación de orientar e influir en la grey electoral, considerada menor de edad, susceptible de ser manipulada y manoseada. En realidad, es precisamente durante los procesos electorales, momentos de debilidad y redefinición de correlación de fuerzas del sistema político donde los obispos insertan sus demandas e intereses inmediatos y mundanos. Siempre han obtenido beneficios y reivindicaciones gracias a la oportuna intervención del alto clero que, ante el relevo de la clase política, logra sacar provecho de la circunstancia. Recordemos cómo en 1988 pactan con el entonces candidato Carlos Salinas de Gortari cambios constitucionales que se materializarían en 1991; ese año, durante el proceso electoral intermedio y crucial para Salinas, el episcopado surge a la opinión pública con su famosa proclama: Es pecado no votar”. Otro ejemplo encontramos en el famoso e incumplido “decálogo de Fox” en 2000. También se debe reconocer la complicidad de los candidatos y los partidos que se convierten en entusiastas participantes en el juego quimérico del llamado “voto católico”. Se abandona el kulturkampf para entrar en el terreno del pragmatismo y el intercambio de supuestas legitimidades. Históricamente, la Iglesia católica, como pocas instituciones, tiene la experiencia y la capacidad de adaptarse a diferentes formaciones sociales, políticas y culturales; su actuación no se juega ni se agota en coyunturas de corto plazo, sino por el contrario, mira y diseña con su compás de largo alcance. 

Sin dejar de reconocer que la jerarquía católica es en sí un actor político social importante en el país, la irrupción política de algunos obispos en procesos electorales en el pasado reciente ha dejado secuelas de crispación y agrias polémicas que obligan permanentemente a preguntarnos sobre los términos de la participación; nos referimos a los márgenes y los límites que tienen las asociaciones religiosas para intervenir en política, en particular durante los procesos electorales, en el contexto de una sociedad moderna, plural y democrática. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como el código electoral federal, prohíben tajantemente a los ministros de culto ser candidatos a puestos de elección popular, pero también les impiden emitir expresiones en favor o en contra de algún partido político o candidato. Por la prensa se ha dado a conocer que existe una coordinación entre funcionarios de Gobernación y del Instituto Federal Electoral (IFE) con líderes religiosos, principalmente para que conozcan mejor y apliquen las disposiciones legales en la materia.

Hay, de hecho, una repolitización de lo religioso, manifiesta en los últimos 30 años; en interacción intensa con los factores del poder, los actores religiosos buscan introducir sus demandas y visiones. Sin embargo, a una parte del clero politizado le cuesta mucho trabajo relacionarse con otros sectores sociales, especialmente laicos ilustrados o secularizados que claman una distancia y separación de esferas, es decir, evitar la contaminación entre lo religioso y lo político. Es un hecho que a muchas dirigencias religiosas se les dificulta relacionarse con las organizaciones de la sociedad civil, con los partidos emergentes, los sindicatos, los medios, la academia, los intelectuales y especialmente los diversos grupos minoritarios, como homosexuales, grupos de mujeres, ecologistas, etcétera. De aquí se desprende que el verdadero reto que enfrentan las iglesias no es el conflicto tradicional con el Estado por encontrar nuevos equilibrios con el poder, sino el que proviene de las transformaciones de la sociedad que se moderniza y seculariza desde hace más de medio siglo.

La normatividad señala que los ministros de culto sí pueden ejercer su derecho al voto como cualquier ciudadano, pero limita una mayor participación de las Iglesias. Por ejemplo, subsiste la polémica entre el IFE y funcionarios de Gobernación que consideran que no violenta la ley que el clero promueva la participación ciudadana para que acudan a las urnas el próximo 5 de julio; sin embargo, rechazan rotundamente que emitan mensajes velados de propaganda electoral de cualquiera de los contendientes que observen sus normas y posiciones. En cambio, funcionarios del IFE miran con reservas esta iniciativa y no han perdido oportunidad de llamar a la prudencia a la clerecía. La irrupción eclesial en las elecciones muestra la intención de alcanzar un mayor protagonismo en torno a la defensa de la libertad religiosa. La línea de convergencia entre valores católicos y opciones electorales es uno de los componentes centrales en el proceso electoral que vivimos. Por lo menos, así se expresa en el espeso documento emitido por los obispos mexicanos, No hay democracia verdadera y estable sin participación ciudadana y justicia social. La orientación central es que los fieles no voten por aquellos partidos que muestran desapego moral a la normatividad católica, especialmente en materia sexual, moral y técnica. Éste es un nodo de polémica y provocación determinante para el Estado laico: ¿se politiza el evangelio o se evangeliza la política? ¿Dónde quedó la argumentación de Corripio, en su exhorto de 1979, para evitar la ideologización marxista del evangelio? En esta coyuntura el riesgo es la electoralización de los principios cristianos. Los obispos mexicanos deben situarse en la circunstancia actual, deben realizar un análisis fino de la transición y no equivocar su responsabilidad social de prudencia y mesura de cara a este 2009.

La Jornada

Lugo y Cutié: sexualidad y moral católica

Lugo y Cutié: sexualidad y moral católica

Bernardo Barranco V.

El presidente Fernando Lugo sigue enfrascado en una crítica situación de escándalos sexuales que amenazan seriamente su permanencia al frente del Ejecutivo de la nación paraguaya. Si ya venía decepcionando por la falta de resultados con un incierto gobierno, los estrepitosos develamientos sobre su vida subterránea han provocado un desencanto descomunal entre la población que le votó con grandes expectativas para poner fin a una dictadura política de más de seis décadas del derechista Partido Colorado.

El gobernante admitió públicamente el pasado 13 de abril la paternidad del niño Guillermo Armando, concebido con Viviana Carrillo, oriunda del departamento de San Pedro, donde Lugo fue obispo durante más de una década. El niño nació seis meses después de que Lugo renunciara a su estado clerical. El 24 de abril pidió públicamente perdón: “Yo, persona humana imperfecta, fruto de procesos históricos, perfil de mi cultura, asumiré con todas las responsabilidades presentes y futuras aquellas situaciones que me conciernen no sólo con la actitud de respeto a la justicia o la verdad, sino con la multiplicación de afecto y atención”.

Tras ese reconocimiento público han surgido otros dos casos de mujeres que afirman tener hijos del ex obispo católico: Damiana Morán Amarilla, de 39 años, declaró a periodistas que concibió un niño con el ahora jefe del Estado; horas después, Benigna Leguizamón, de 27 años, igualmente solicita reconocimiento filial de un bebé concebido con el ex obispo Fernando Lugo.

El presidente paraguayo y sus voceros aseguran la existencia de un complot político para derrocarlo, mientras se convierte en la comidilla del sarcasmo popular: “Lugo, padre de la patria; padre de la mentira”. Se rumora que hay otros cuatro hijos más, “¿cuántos hijos tiene Lugo?” En su reciente visita a Brasil, varios reporteros se le acercaron e intentaron regalarle preservativos y métodos anticonceptivos modernos.

La Iglesia católica paraguaya ha reprobado su actitud, su doble discurso y su doble vida. Con ello el obispo comprometido con los pobres, simpatizante de la teología de la liberación y defensor de los derechos humanos, ha visto mermada su imagen y muy probablemente truncada su trayectoria política.

Lugo abusó de su investidura religiosa, abusó de su poder secular; Fernando Lugo ocultó sus múltiples relaciones, engañando a la sociedad con doble vida y especialmente porque no asumió con responsabilidad la paternidad ni la manutención de sus hijos. El derecho a su vida privada no puede ser pretexto para cobijar arbitrariedades de un personaje que pretende hablar por los pobres, los oprimidos y los humillados por la injusticia y desigualdad.

En otro contexto, recientemente un sacerdote católico de Miami, el padre Alberto Cutié –igualmente figura pública por su activa participación mediática en programas propios de televisión, radio y revistas– fue captado en la playa abrazando y besando a una mujer por los reveladores lentes de una revista de farándula: TVnotas.

El escándalo fue todo un suculento festín para los espacios electrónicos hispanos en Estados Unidos, dada la popularidad del sacerdote que llenaba la pantalla con abundantes consejos para la familia y el buen comportamiento de las personas. Una reciente encuesta, organizada por Univision, arrojó que 74 por ciento de los usuarios estaba en favor del sacerdote, mientras que en una marcha organizada el pasado jueves 6 de mayo, 200 personas condenaran los actos de Cutié.

“¿Culpabilidad? ¿Me siento mal, horrible? ¡No!”, aseveró en una entrevista. “Yo soy un hombre. Debajo de la sotana hay pantalones”. Cutié llamó a la Iglesia a modernizarse y permitir el celibato como una opción de la vocación religiosa.

Estos dos acontecimientos, totalmente diferentes, porque el caso de Lugo raya en lo patológico, nos sitúan más allá del tema del celibato, las perversiones y los abusos sexuales de clérigos, así como de las rígidas estructuras eclesiásticas frente al tema.

De fondo surge, una vez más, la complejísima relación entre la sexualidad y la moral católica. Mientras en las religiones orientales la sexualidad es un vehículo relacional para alcanzar mayores experiencias espirituales, las religiones abrahámicas conciben el sexo y la carne fuera de la unión matrimonial como una tentación pecaminosa.

El problema no está en dar a la sexualidad una dimensión espiritual o religiosa. Muchas culturas lo han hecho desde hace milenios al considerar la sexualidad una experiencia vinculada con la espiritualidad. El conflicto radica en difundir una sexualidad estereotipada, prejuiciosa y represiva, producto de la desavenencia entre sexualidad y religión que heredamos de un tipo de cristianismo que concibe la sexualidad prioritariamente como un acto de reproducción humana.

En gran parte del mundo actual, especialmente donde credos y Estado están separados en dos esferas autónomas, la moral sexual, sea agnóstica o religiosa, ha pasado a regularse desde la esfera privada y, aunque valores religiosos puedan venir a iluminar la esfera pública, lo que debería primar es el consenso de los sistemas democráticos pluralistas.

El alargamiento de las expectativas de vida, la revolución sexual de los años 60, los nuevos papeles que desarrollan la mujeres en el mundo contemporáneo invitan dramáticamente a que la Iglesia católica, entre muchas otras iglesias cristianas, cristalicen un profundo aggiormanento que no sólo concilie la relación de una moral laica y religiosa con la sexualidad, sino que ponga al día, sincronice y armonice las creencias religiosas con la sexualidad. Éste es motivo suficiente para realizar, en el caso de la Iglesia católica, un nuevo Concilio Vaticano III.

La Jornada

Escándalos y poder económico caracterizan a los Legionarios

La auditoría se ordena cuando hay situaciones anómalas en una congregación: CEM

Escándalos y poder económico caracterizan a los Legionarios

Maciel pregonaba los favores que obtenía de cardenales y sus lazos con políticos, dice víctima

La Jornada, 08/05/2009

Alma E. Muñoz y Carolina Gómez Mena

Escándalos, poder económico, político y eclesial son parte de la historia de la congregación de los Legionarios de Cristo, fundada por Marcial Maciel Degollado en enero de 1941.

Algunas de las víctimas de abuso sexual del fallecido sacerdote mexicano, como Alejandro Espinosa, recuerdan que el clérigo constantemente pregonaba que obtenía el favor de cardenales burlándose de que no le salieron gratis, en referencia a los centenarios de oro que les invirtió.

También hacía alarde de los lazos de amistad que tejió con grandes empresarios mexicanos, como Lorenzo Servijtje, y que una de las tesoreras del Regnum Christi, el brazo laico de los Legionarios, en Guanajuato, fue Marta Sahagún, la esposa del ex presidente mexicano Vicente Fox.

Lo anterior hace parte de la historia que tanto víctimas como expertos en religión consideran serán abordadas por el Vaticano en la auditoría que realizará a la congregación, por lo menos durante un año y que abarcará –de acuerdo con el especialista y sociólogo Bernardo Barranco– el análisis desde sus fundamentos doctrinales y teológicos, hasta las relaciones humanas que alcanzó su fundador.

Pero hasta el momento la orden no ha recibido ninguna notificación oficial del Vaticano respecto a la integración de la comisión que los auditará. Javier Bravo, director de comunicación social de los Legionarios, señala que existe total disposición para cooperar con los visitadores, así como cercanía con el papa Benedicto XVI, quien está preocupado porque la congregación esté bien.

Esta auditoría, que de acuerdo con fuentes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) es en realidad una intervención pontificia que se ordena cuando hay fallas o situaciones anómalas en una orden, congregación religiosa o prelatura, incluye la revisión de estatutos de la vida, la norma y las reglas de la institución cuando éstas no van con los principios elementales de la fe que se profesa.

Los religiosos integrantes de la delegación que estará a cargo de esta auditoría son personajes con un alto nivel académico; expertos en derecho canónico, derecho eclesiástico, sicología y teología, y conocen bien lo que es una orden y lo que significan sus vínculos con el Vaticano, sus sistemas educativos y los problemas internos.

Dicha comisión está integrada por gente cercana a Tarcisio Bertone, actual secretario de Estado del Vaticano, y quien notificó al director general de la orden, Álvaro Corcuera, de la auditoría a que será sujeta la legión. Gianfranco Ghirlanda, por ejemplo, trabaja con Bertone desde la Congregración de la Doctrina de la Fe, de la cual es consultor el sacerdote jesuita, quien también se desempeña como rector de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

En el caso del obispo mexicano Ricardo Watty, de la congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, es formador de seminaristas. Le han delegado resoluciones de conflictos internos en órdenes religiosas, y se espera que se haga cargo del tema de vocaciones en los seminarios de la legión de Cristo.

También están Charles Joseph Chaput, arzobispo de Denver, Estados Unidos, de la orden Hermanos Menores Capuchinos, considerado figura polémica luego que en 2004 dijo que votar por John Kerry, contrincante de George Bush a la presidencia de Estados Unidos, era inútil, y hace unos meses en relación con la elección de Barack Obama señaló que en las democracias se eligen servidores públicos, no mesías.

Giuseppe Versaldi, obispo de Alejandría, fue vicario general de la arquidiócesis de Vercelli cuando el arzobispo de ésta era Bertone.

Los Legionarios de Cristo –fundada en 1941– administra 125 casas religiosas, 150 colegios, 21 institutos superiores, nueve universidades y 630 centros de educación no formal en 22 naciones. Cuenta con 800 sacerdotes, más de 2 mil seminaristas y unos 65 mil miembros laicos de su movimiento Regnum Christi.

Fernando M. González, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, da cuenta, entre una serie de datos sobre el fundador de la orden, en el libro Marcial Maciel. Los Legionarios de Cristo: testimonios y documentos inéditos sobre la cercanía del fallecido sacerdote con otros papas, además de Juan Pablo II. Además presenta una cita que relaciona al papa Pío XII, con base en el testimonio de Marcial Maciel, hija de una bienhechora de Maciel Degollado:

Maciel nos consiguió una audiencia privada con el Papa (en junio de 1951). Éramos como 30, gentes de dinero de los que iban a ayudar a Maciel… Mamá compró un Fiat, que al final del viaje (a Roma) terminó siendo de Maciel.

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La auditoría, sólo para controlar las pugnas entre los Legionarios

Expertos: harán sondeos para hacer eventuales cambios tras los escándalos de Maciel

La auditoría, sólo para controlar las pugnas entre los Legionarios

Víctimas del fundador desestiman la revisión: «es hipócrita; el Vaticano busca tapar agujeros»

La Jornada, 07/05/2009

Carolina Gómez Mena Alma E. Muñoz

Al ordenar una auditoría a los Legionarios de Cristo, el papa Benedicto XVI intenta superar la crisis interna que desataron, en esa orden religiosa, los escándalos de su fundador, Marcial Maciel, y a la cual no puede controlar su sucesor en la dirección general, Álvaro Corcuera. Especialistas en religión y víctimas de abuso sexual de Maciel coincidieron, en entrevistas por separado, en la existencia de problemas de gobernabilidad interna porque Corcuera, en lugar de enfrentar los errores de su predecesor y mentor, optó por el culto a la personalidad del fallecido sacerdote y por la complicidad. Queda claro, expuso el sociólogo Bernardo Barranco, que hay tres tendencias dentro de la legión tras el retiro y posterior muerte de Maciel: la de los continuistas, encabezados por Corcuera; la de los reformadores y la de un grupo minoritario que se inclina por la refundación y el relanzamiento de dicha congregación, con un ofrecimiento de perdón por medio, por los errores y pecados cometidos por el fundador. Coincidiendo con el académico, Alejandro Espinosa, una de las víctimas de Maciel, aventuró su hipótesis: «el Papa intenta lavarse la cara, y en un futuro la misma secta puede desaparecer. Seguro la van a transformar en algo distinto (al término de la auditoría)». Por eso, agregó,enviaron a Maciel al retiro en los últimos años de su vida, después le quitaron votos secretos a la legión dentro del Vaticano, e hicieron que fuera la propia orden la que anunciara la auditoría y admitiera que su fundador llevaba una doble vida. En definitiva, dijo a su vez el antropólogo Elio Masferrer, tratan de poner orden, luego de que en 2006 «obligan a Maciel a guardar silencio», tras la visita que realizó Charles J. Scicluna a México y Estados Unidos, un año antes, para entrevistar a víctimas del sacerdote por órdenes de Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Pontificia Congregación para la Doctrina de la Fe. Lo cierto, insistió Barranco, es que hay «disputas internas muy fuertes, tensiones para el futuro de la legión, que se sostiene con 660 millones de dólares por año, que es su presupuesto de ingresos con base en donativos, colegios y becas». El anuncio de que Maciel tuvo una hija contribuyó evidentemente a la disputa interna, y el Vaticano «ha tenido que intervenir para administrar la crisis, tratar de apaciguar y encontrar nuevos equilibrios». Pero una auditoría de su parte no es similar a la de una empresa, definió. En términos eclesiales hablarán con diferentes actores, sondearán cuáles son las principales tensiones y encontrarán nuevas fórmulas para establecer un «veredicto de intervención» que dé paso a nuevos equilibrios y liderazgos dentro la orden. «Seguro o lo más probable es que Corcuera salga porque se ha distinguido por dar continuismo a lo hecho por Marcial Maciel y brindarle culto a esa personalidad, lo que evidentemente resulta muy grotesco». Así es, que tal vez, el Vaticano, coincidió con Maferrer, incorpore a más irlandeses, estadunidenses y españoles en la conducción de la legión, para «darle gobernabilidad». Otras víctimas del fundador de la congregación aseguraron que no esperan mucho de los resultados de la auditoría. «El Papa, cuando estuvo al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, guardó silencio sobre los abusos de Maciel y al hacerlo se convirtió en cómplice», señaló Saúl Barrales Arellano. «Ahora, trata de lavarse la cara, y la indagatoria seguramente se hará con mucha cautela, diplomacia y hasta con hipocresía», cuando en realidad, dijo a su vez José Antonio Pérez, con la auditoría «quieren tapar agujeros que puedan involucrar al Vaticano, para que no salga la podredumbre y manche a la Santa Sede». El martes se dio a conocer que la comisión de prelados que investigará a los Legionarios de Cristo estará conformada por el obispo de Tepic, Ricardo Watty Urquidi; Charles Joseph Chaput, arzobispo de Denver, Estados Unidos; Giussepe Versaldi, obispo de Alejandría, Italia; y el sacerdote jesuita Gianfranco Ghirlanda, rector de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ayer se buscó a Watty sin éxito. El vicario general de la diócesis de Tepic, Jesús Lerma, explicó que el religioso estaba en una reunión, pero que hasta ese momento no había recibido ninguna notificación oficial por parte del Vaticano sobre un nuevo encargo. El 31 de marzo pasado, Álvaro Corcuera informó sobre la visita apostólica de la Santa Sede a la legión para «afrontar las actuales vicisitudes relacionadas con los graves hechos en la vida de nuestro padre fundador, que ya fueron objeto de las investigaciones de la Congregación de la Doctrina de la Fe concluidas en mayo de 2006, y los que han salido a la luz más recientemente», explicó en un escrito.

Los derechos humanos en la Iglesia

Los derechos humanos en la Iglesia Bernardo Barranco V. A la memoria del Dr. Ignacio Merelo Anaya Abordar el tema de la relación entre los derechos humanos y la Iglesia católica es complejo y espinoso. ¿Cómo entender a la Iglesia que reivindica y exige los derechos humanos, cuando ni ella misma los cumple? Históricamente, importantes sectores del clero han enarbolado la defensa de las garantías de las personas frente a los autoritarismos como ante las dictaduras militares latinoamericanas en el siglo pasado. Cuando hubo silencios y complicidades, la jerarquía aun sigue pagando facturas, como es el caso más patente de la Iglesia argentina. A escala internacional, recientemente la Iglesia ha desplegado una ofensiva en torno a la libertad religiosa, que busca ampliar el espacio de intervención de la estructura religiosa en cuestiones sociales, que incluye la defensa de los derechos de los no nacidos así como el respeto a la vida de los enfermos terminales. Sin embargo, la inobservancia de los derechos humanos dentro de la institución eclesiástica constituye un problema no resuelto, y es algo que todo el mundo sabe y que los mismos clérigos reconocen públicamente. En su libro Libertad de expresión de la Iglesia, Océano 2006, el periodista jesuita Enrique Maza reprocha: “En nuestra época, en pleno auge de la modernidad… la libertad de expresión de los cristianos al interior de la Iglesia no está a la altura de las circunstancias”. En sus conclusiones, Maza sostiene: “cuando la autoridad se convierte en dominio, teme a la libertad, se refugia en el secreto y se erige en dueña de la verdad. Sólo la autoridad auténtica acepta sus límites. El poder autoritario, porque lo es, no sólo teme a la verdad, sino que teme al futuro. Por eso controla o cancela los canales de expresión”. Efectivamente, Maza pone el dedo en la llaga, existe una distancia a veces contradictoria y conflictiva entre el mensaje religioso y los intereses de la institución religiosa. La Iglesia católica, tal como está organizada: jerárquica, gerontocrática, autoritaria y homofóbica no puede, en su interior, ser escrupulosa en el ejercicio de una cultura de los derechos humanos tal como fueron redactados en 1948 en el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La estructura de mando, de ejercicio del poder, de identidad, de disciplina y memoria de la Iglesia son premodernas, casi medievales. Por ello, ante los retos de las sociedades actuales, el espíritu de los derechos humanos modernos provenientes de la cultura secular está ausente de su organización, porque la Iglesia se ha configurado de manera estamental y funciona de modo piramidal, que no facilita cauces de participación ni mucho menos asoma de modo alguno rasgos democratizadores; prima el dogma, la disciplina y la autoridad en torno al Papa, con el argumento que la Iglesia no es un sistema de poder, sino una institución cuyos fundamentos son divinos y sus fines espirituales. No pretendemos caer en la crítica ramplona, nos interesa exponer las contradicciones sociológicas de una institución antiquísima que lentamente, aunque no lo parezca, se renueva, se adapta y se reconfigura. La encíclica de Juan XXIII Pacem in terris (1963) reconoce los derechos humanos compatibles con el mensaje cristiano. Así lo deja sentir el Concilio, y en los numerosos viajes, los papas no dejan de ensalzar el respeto de los derechos de la persona, reconociendo raíces bíblicas e históricas como la famosa Escuela de Salamanca, fundada por el dominico Francisco de Vitoria, de donde surgieron grandes figuras, como Bartolomé de las Casas y Antonio de Montesinos, entre otros, defensores tenaces de los derechos de los indígenas americanos en el siglo XVI. Sin embargo, no puede dejarse de lado la percepción de un desfase entre el discurso mediático sobre los derechos humanos hacia fuera y las condiciones de diferentes grupos hacia adentro. En primer lugar, se resalta el rezago y la desigualdad de las mujeres, laicas y religiosas, en el interior de la institución. Mientras en la sociedades seculares hay algunos avances, en la Iglesia priman la cerrazón y la demagogia. Como bien lo ha demostrado Enrique Maza, la libertad de expresión y el derecho a disentir están realmente muy acotados en la estructura eclesial piramidal. Las medidas disciplinarias no tienen apelación ni posibles recursos jurisdiccionales. Aquí resalta la restricción a la libertad de pensamiento. En efecto, en mayo de 1990, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó el documento Instrucción sobre la vocación eclesial del teólogo, en el n. 36 de ese documento se lee lo siguiente: “no se puede apelar a los derechos humanos para oponerse a las intervenciones del Magisterio”. Esta afirmación fuerte se fundamenta así: “un comportamiento semejante desconoce la naturaleza y la misión de la Iglesia, que ha recibido de su Señor la tarea de anunciar a todos los hombres la verdad”. La verdad religiosa esta por encima de los derechos de la persona en la institución. Así, la lista de los derechos humanos reconocidos por la naciones que la Iglesia no puede aceptar se podría alargar mucho más: democratización en la designación de cargos, simulación y discriminación a personas con diferente orientación sexual, etcétera. Sólo queremos resaltar la dimensión laboral de miles de empleados y funcionarios de la Iglesia, sobre todo de las parroquias, que además de recibir modestísimos emolumentos no cuentan con las prestaciones básicas de seguridad social, seguro de vida, mucho menos con asistencia efectiva para la edad en retiro. De hecho, este es un problema mayúsculo entre los propios sacerdotes mexicanos que requiere de una planificación global que vaya más allá del loable seguro de retiro impulsado por Ernesto Corripio Ahumada. Concluyendo, hay mucho trabajo en materia de derechos humanos en el interior de la institución; desde los tiempos excesivos de la Inquisición hasta nuestros días, mucho se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de la persona, por ello, nos sumamos a la propuesta de Emilio Alvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, de que se designe a un ombudsman eclesial, o una comisión de vigilancia que permitan la rendición de cuentas y el respeto de la dignidad humana en la institución. La Jornada