La clase política mexicana una amenaza para la laicidad

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La clase política mexicana una amenaza para la laicidad

Bernardo Barranco

Milenio Estado de México, miércoles 11 de noviembre de 2015

En el marco del ciclo de conferencias sobre Democracia y Religión, organizado por la Sala Regional Toluca del  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, participé con Roberto Blancarte, en la mesa sobre la laicidad. De manera resumida presento las principales ideas que expuse. En primer lugar la laicidad es un concepto no solo dinámico sino sujeto de diferentes interpretaciones políticas e ideológicas. Más allá de los debates del laicismo o su versión anticlerical, la laicidad del Estado debe guardar tres principios básicos. A) tutelar la libertad de creencias y de culto así como salvaguardar los derechos de aquellos que no poseen convicciones religiosas, es decir los que no creen. B) El Estado laico debe salvaguardar la equidad y rechazar la discriminación religiosa, es decir debe amparar el derecho de las minorías religiosas. C) Debe custodiar el histórico principio de separación entre el Estado y las Iglesia, esto es, guardar una total autonomía de lo político frente a lo religioso. En los últimos años se ha debilitado el empeño de la clase política mexicana por conservar la laicidad no solo del Estado sino de la función pública. En otro espacio he hablado de una reconfecionalización de una clase política,  desacreditada y  pragmática ésta busca como en la edad media, encontrar legitimidad en los valores religiosos. Dicho de una manera cruda, espero los partidofílicos me perdonen, hoy la clase política se ha convertido en una seria amenaza al carácter laico del Estado mexicano. Desde que se hizo pública la visita del Papa a México los legisladores, en un lance inusitado de fervor religioso, han peleado por traer a Francisco a su recinto. Y no se trata de cuestionar la fe de un político o un servidor público. Cada quien es libre que adoptar cualquier creencia siempre y cuando su fe no incida en el en el diseño de políticas públicas, ni su ejercicio. Lamentablemente no ha ocurrido así, recordemos que en 17 entidades del país, hubo  cambios constitucionales donde se repenalizó el aborto en 2009. Y el pacto entre los partidos con la Iglesia católica, previa a la visita del Papa Benedicto XVI en 2012 para reformar el artículo 24 constitucional referente a la libertad religiosa. El problema es que ninguna religión puede imponer sus valores en políticas públicas, aun cuando el catolicismo sea mayoritario,  existen más de 20 millones de mexicanos que tienen otras creencias que debe ser salvaguardadas. El valor de la laicidad en la democracia es que empareja el piso a todos los actores. Los señores obispos pueden entrar en los debates públicos pero no imponer sus convicciones sobre los demás, vía la presión ni el cabildeo.

El problema de la clase política es que no tiene memoria,  ha olvidado que en la historia de México se han desatado tres guerras fratricidas: la de reforma y la invasión francesa en el siglo XIX y la guerra cristera en el XX. O quizá sufre una regresión conservadora.

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