Dinero y crimen organizado en los procesos electorales

Dinero y  crimen organizado en los procesos electorales

Bernardo Barranco V.

La participación ciudadana en una democracia madura es no solo el ejercicio de los derechos para que el individuo intervenga en las decisiones públicas ni la existencia de reglas procesales;  la democracia debe garantizar la realización de elecciones periódicas en pleno ejercicio de las libertades. Sin embargo,  la democracia en nuestro contexto se ha visto amenazada continuamente por la presencia del crimen organizado que ha hecho su aparición en diferentes latitudes y en diferentes procesos electorales. Hay una inevitable relación entre dinero, partidos políticos,  campañas electorales y candidatos que se ve amenazada por la presencia del crimen organizado; este sombra  atenta contra  la limpieza, transparencia y equidad  de las contiendas.  El crimen organizado tienta a veces de manera violenta con amenazas, homicidios,  financiamientos ilícitos e intimidaciones; busca invadir para su provecho en el resultado de los comicios. Por ello la fiscalización  y la transparencia son herramientas torales no solo para dar certeza a los procesos sino para proteger la democracia misma.

La transición democrática por tanto, obliga a blindarla contra incidencias ilícitas como  una tarea primordial. Como todo fenómeno social, la penetración e incidencia del crimen en los procesos electorales está regida por la oferta y la demanda que los actores políticos permitan en el mercado político. En la demanda,  algunos candidatos buscan obtener fondos adicionales para posicionar su campaña y asegurar el triunfo. Por el lado de la oferta, el crimen organizado cuenta con abundantes recursos que ofrece  para derramar una red provechosa de complicidades.

Es un fenómeno que puede salirse del control y surge con apremio el cómo atajar el financiamiento ilegal en las elecciones. ¿Se requiere un marco más riguroso sobre  el control y fiscalización de los recursos utilizados por los partidos políticos? ¿Cómo blindar a los candidatos de las presiones e intimidaciones del crimen?

El IFE, por primera vez en 1990  dibujó el primer marco legal que controlaría el flujo de financiamientos de los partidos políticos en las campañas, con el  que se obligaba a los partidos a rendir informes de sus  ingresos y egresos. Otro avance fue en 1996 en la que los partidos además de presentar sus informes, rendían los reportes específicos de las campañas. La reforma del 2007, dota a la unidad de fiscalización de mayores atribuciones y suprime el secreto bancario. A todas luces hacen falta más herramientas. Las reglas no son absolutas, deben perfeccionarse constantemente. Como la denuncia ciudadana; las investigaciones de inteligencia y seguridad como un acto de prevención; fortalecer el rol de los monitores que sigan el producto de los gastos que dejan huella. Acreditación de mercados negros en los medios electrónicos, etc. Sin embargo, si no existe una cabal cultura de legalidad y nobleza en los propios partidos no habrá regla ni norma que no pueda ser burlada.

Milenio Estado de México, jueves 10 de mayo de 2012

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