Un claro abuso de poder cometieron políticos que fueron a la beatificación, señaló Barranco

Créditos: ARTURO ALFARO GALÁN

El sociólogo Bernardo Barranco Villafán, presidente del Centro de Estudios de las Religiones en México, advirtió que la comisión de funcionarios públicos –que incluye a representantes del Congreso del estado, del gobierno estatal y de los ayuntamientos de Puebla y San Andrés Cholula– violó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y transgredieron la garantía de mantener el Estado laico mexicano al asistir a la beatificación de Juan de Palafox y Mendoza en la comunidad de Burgo de Osma en España.

Durante una entrevista con La Jornada de Oriente, el especialista en temas religiosos acusó que todos los representantes populares y los funcionarios utilizaron de una manera indebida los recursos públicos, al destinar tiempo y dinero en efectivo para poder llevar a cabo actividades religiosas en esta ciudad europea, localizada a unos 200 kilómetros de Madrid.

“No hay justificación. Ellos pueden estar invitados por la reina; el hecho es que ellos van a una ceremonia religiosa utilizando el tiempo oficial; es decir, el tiempo por el que están pagados por el Estado (…) Están haciendo uso indebido de los recursos, aunque paguen la propina de los maleteros”, criticó Barranco.

La comitiva de funcionarios estuvo encabezada por Pablo Rodríguez Regordosa, titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del gobierno estatal; los diputados José Luis Márquez y Filiberto Guevara González, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como Mario Riestra Piña, Rafael von Raesfeld Porras y Ana María Jiménez Ortiz, del Partido Acción Nacional (PAN), como representantes del Congreso local.

Además, asistieron el edil de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y el de San Andrés Cholula, Miguel Ángel Huepa Pérez, además de los regidores de Puebla, Julio César Sánchez Juárez, Alejandro Cañedo Briesca y Miriam Mozo.

De acuerdo con Bernardo Barranco, el título cuarto de la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, en su artículo 25, se establece que las autoridades estatales y municipales no deberán intervenir en los asuntos internos de las asociaciones religiosas; además, no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público ni a alguna actividad que tenga motivos o propósitos similares.

El artículo referido señala que “en los casos de prácticas diplomáticas se limitarán al cumplimiento de la misión que tengan encomendada, en los términos de las disposiciones aplicables”, lo cual no exime a los funcionarios de Puebla a violar estos preceptos, pues la beatificación de Juan de Palafox y Mendoza se constituyó en un acto religioso público, lo cual está penado por ley.

El sentido más grave del caso, afirmó Barranco, es la violación a la segunda disposición del Estado laico, que establece mantener la neutralidad en el culto público y proteger a las minorías religiosas, lo cual no sucedió con los funcionarios estatales, municipales y legislativos.

Según el especialista, el Estado laico debe preservar la libertad de creencia entre la población, lo cual significa dotar de la libertad para creer o no creer en cualquier ideología o religión; además, garantiza la equidad entre las creencias y establece una clara separación entre las actividades y funciones políticas de las religiosas, con la intención de proteger la autonomía del Estado.

“Cuando estos funcionarios están haciendo uso de los recursos para ir a un acto religioso ya están violando la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, que prohíben a un funcionario público asistir a un acto público religioso, por lo que los ciudadanos deberán cuestionar el uso indebido de los recursos y el abuso de poder, realizando señalamientos públicos y mediáticos”, sostuvo en entrevista.

Ante ello, Bernardo Barranco previó que en los próximos días se podrían presentar quejas ante de la Secretaría General de Gobierno del estado, a través de la dirección de Asuntos Religiosos, por la violación al carácter laico y la violación a diversos preceptos de la Ley referida, lo cual quedaría definido como “un grave error” para las autoridades locales.

“Los ciudadanos deben inconformarse como ciudadanos, porque no debemos dejar pasar los abusos de la clase política. Ellos deben entender que no pueden hacer lo que se les antoja ni utilizar argumentos tramposos para infringir la ley. Ellos están violando el carácter laico y la ley (…) Cualquier iglesia afectada tendrá el derecho de acudir a la Secretaría de General de Gobierno”, concluyó.

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